¿Cómo actúa el silencio en el procedimiento administrativo?

El silencio administrativo es la figura del derecho que permite la estimación o desestimación tácita que la Ley anuda a la ausencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

El silencio administrativo es la resolución tácita a los procedimientos administrativos que se da cuando la Administración Pública incumple su obligación de resolver y notificar a los ciudadanos en sus pretensiones. En función de los efectos que produzca el silencio existe el silencio positivo y el negativo.

Existen dos formas de silencio administrativo: Silencio administrativo positivo: produce efectos beneficiosos para los interesados. Silencio administrativo negativo: produce efectos negativos en los interesados.

Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.

Dos son los efectos que el silencio administrativo negativo produce. En primer lugar, la desestimación de las pretensiones del interesado y, en segundo lugar, la posibilidad de recurrir la resolución tácita mediante el recurso contencioso-administrativo.

Así, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores establece que “una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo”.

Contestación de peticiones: La autoridad u órgano competente vendrá obligado a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. El silencio tendrá efecto desestimatorio (art.

Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

En virtud del denominado silencio administrativo positivo la ley contempla que la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable.

El silencio administrativo positivo es la regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si la administración no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido, se presume que la solicitud ha sido aceptada.

199.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado para la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver.

Se produce el silencio administrativo cuando la Administración no resuelve una petición, reclamación o recurso interpuesto por un particular. En estos casos la Ley presume la voluntad de la Administración (acto presunto), bien dándole un contenido negativo (silencio negativo) bien positivo (silencio positivo).

que la Ley señala, la solicitud o presentación sea aprobada por parte de la Administración (silencio positivo); o por el contrario, si procediere, rechazada (silencio negativo), abriéndose, en este caso, la posibilidad de interponer recursos administrativos.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

En el procedimiento administrativo pueden verse las siguientes fases: Iniciación, Instrucción y Finalización.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en: Los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.

El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados tiene un efecto que puede ser positivo, el acto presunto hace que el administrado vea satisfecha su pretensión ...

¿Cómo utilizar este documento? Una vez transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la pretensión, el interesado podrá solicitar en cualquier momento a la Administración un certificado acreditativo del silencio administrativo, el cual acreditará la estimación o desestimación de la pretensión.

o Rechazadas por transcurso de plazo: significa que el usuario no ha abierto la notificación y se ha caducado, y se ha generado el certificado de acuse correspondiente.

Es decir, el primer día del cómputo comienza en el día en que se haya recibido la notificación, o realizado la compra, etc. y finaliza el mismo día del mes que corresponda según el plazo dado en meses, o el mismo día del mismo mes que corresponda según el plazo dado en años.

Según el artículo 79, párrafo 2, in limine, de la Ley de Procedi- miento, «toda notificación se practicará en el plazo máximo de diez días, a partir de la resolución o acto que se notifique».

El proceso administrativo se compone de cuatro etapas elementales: planeación, organización, ejecución y control. A través de ellas, los miembros de una empresa buscan alcanzar las metas u objetivos propuestos.

En el artículo 103 de la Constitución Española establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho.

Cuando los plazos se señalen por días, de igual forma, se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose de dicho cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos -el mes de agosto dentro de la vía administrativa es hábil al contrario de la jurisdicción contencioso-administrativa en donde dicho mes resulta ...