¿Cómo actúa un administrador concursal?

El administrador concursal es una figura neutral y profesional designada por un juez en el proceso de concurso de acreedores. Su misión principal es velar por la igualdad de trato a todas las partes involucradas y garantizar la máxima recuperación posible de los activos de la empresa insolvente.

El administrador concursal administrará el patrimonio del deudor y velará por la preservación de la masa activa (los bienes del deudor): es decir, la ley pretende que el administrador concursal vele por el interés de los bienes del deudor y, en consecuencia, para que el derecho de cobro de los acreedores sea viable.

La retribución de los administradores concursales corre a cargo de los acreedores, y se encuentra regulada por la ley. Para determinar su importe, se tiene en cuenta el pasivo y el activo del deudor y la complejidad estimada del proceso.

El administrador concursal es una figura clave en la Ley de Segunda Oportunidad, que tiene como objetivo estudiar y verificar la situación personal y económica del deudor, persona física o jurídica, para poder realizar las gestiones oportunas en beneficio de todas las partes.

En la Ley de Segunda Oportunidad, la remuneración del administrador concursal está establecida por un arancel que fija el Ministerio de Justicia. Aunque puede variar, a menudo ronda los 1.200€ – 2.000€.

La declaración del concurso no exime a la empresa de abonar sus deudas, y por tanto la empresa tiene que pagar a los trabajadores las cantidades que deba.

La resolución será publicada en el BOE y en el Registro Público Concursal, con un llamamiento a los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo. En un plazo máximo de 15 días, los acreedores pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

El orden de prelación de créditos se regula en la Ley Concursal, conforme a la cual, los primeros que cobran son los créditos contra la masa. El pago estos créditos se realiza con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.

Durante la fase de convenio, la administración concursal tendrá derecho a cobrar un 10 % de la cuantía anterior por cada mes de duración del proceso. Idéntica cantidad cobrará durante los primeros seis meses de la fase de liquidación, descendiendo al 5 % a partir del sexto mes.

Un experto en derecho concursal puede cobrar de media alrededor de 41.600 € anuales en un despacho nacional.

La Ley de la Segunda Oportunidad o LSO es un mecanismo legal que tiene como objetivo que particulares y autónomos, en situación de insolvencia, puedan cancelar hasta el 100% de sus deudas privadas, de forma legal y definitiva.

El procedimiento concursal es aquel que se inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia, no pudiendo hacer frente a sus deudas. Tiene como objetivo negociar y llegar a un acuerdo entre acreedores y deudor. El primero de los requisitos por lo tanto es la existencia de un deudor.

¿Cuánto dura el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad y cómo funciona? Aunque depende del caso concreto, generalmente el tiempo oscila desde tres meses, en los casos más sencillos, a unos 18 meses en los más complejos. Durante todo este periodo, no te pueden seguir reclamando deudas ni tampoco embargar bienes.

En resumen, el Procedimiento Concursal finaliza cuando se ha cumplido el convenio acordado con los acreedores, el administrador concursal ha concluido la liquidación del patrimonio del deudor y ha distribuido los activos entre los acreedores, o cuando no hay activos para satisfacer a los acreedores.

Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables, a petición de la administración concursal, por un mes más.

Como se ha indicado, los trabajadores, como otros acreedores, cobrarán una vez efectuada la liquidación del concurso de acreedores a partir de los fondos y bienes del patrimonio del deudor (masa activa), si los hay y son suficientes. Los pagos se realizarán en el mismo procedimiento.

La declaración de un concurso de acreedores no extingue en ningún caso los contratos ni modifica necesariamente las relaciones laborales. De hecho, cuando la actividad laboral continúa con normalidad, seguirás teniendo la obligación de acudir a tu puesto de trabajo y la empresa de abonarte tu salario.

Como decimos, el concurso de acreedores se rige por el principio par conditio creditorum, que implica que los cobros se produzcan en orden de preferencia, y no por el orden en que se han reclamado. En esa preferencia tienen más peso, por ejemplo, la Administración y los trabajadores de la empresa insolvente.

Esta situación de insolvencia significa que la empresa, o bien no puede actualmente hacer frente a sus obligaciones, o se prevé que no podrá hacerlo en los próximos meses. Todo ello deja a los trabajadores en una situación de incerteza sobre lo que sucederá con sus puestos de trabajo.

Concurso de acreedores ordinario

Acostumbra a durar como mínimo un año aproximadamente desde que se presenta el concurso hasta la fase de calificación.

Las únicas excepciones que la Ley contempla, (Art. 1.3 L.C.), las cuales no podrán ser declaradas en concurso son: las entidades que integren la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

La fase común se inicia con la solicitud de declaración del concurso de acreedores en el juzgado competente. Si la solicitud es admitida a trámite, se publica en el BOE y se da plazo a los acreedores para que presenten de manera justificada la solicitud de cobro de las deudas pendientes de pago.

Puede accederse al mismo a través de internet (https://www.publicdadconcursal.es/concursal-web/afectado/buscar). A través de este Portal se pone a disposición de los acreedores las diferentes resoluciones procesales, concursales y/o acuerdos extrajudiciales ordenados por fecha de publicación.

Los créditos concursales son los pasivos que posee la sociedad, lo que significa todas las deudas que tiene desde antes de la declaración de concurso. Mientras que los créditos contra la masa son los gastos o deudas que se han originado después de la declaración del concurso de acreedores.

Los concursos de acreedores voluntarios

En un concurso voluntario, el deudor (que es en realidad el administrador) se somete voluntariamente a un proceso de reestructuración de la deuda y analiza su situación económico-financiera.

¿Cuántos administradores concursales se nombran? Salvo excepciones, será nombrado un solo administrador judicial, cuya labor será supervisada por el Juez del concurso.

El administrador concursal es un profesional nombrado por el juez que supervisa el concurso de acreedores. Su función principal es estudiar la situación de la empresa concursada y gestionarla en beneficio de todas las partes.