¿Cómo termina un procedimiento administrativo sancionador?

Por medio del procedimiento administrativo sancionador, que culmina con la correspondiente resolución, se impone un gravamen (en términos generales, de naturaleza económica) al administrado que ha infringido el ordenamiento jurídico mediante la privación de un bien o un derecho.

Un procedimiento sancionador en materia tributaria debe concluir en un plazo de 6 meses, a contar desde la fecha en la que se notifica el inicio del mismo. La finalización del mismo se produce cuando se realiza el acto administrativo de resolución.

En la fase sancionadora se le otorga al imputado la posibilidad de defenderse. Así mismo se determina el grado de la infracción y de la sanción a imponerse. Al final del mismo, se decide si archivar el procedimiento o emitir una resolución sancionadora.

Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

14 pasos del procedimiento sancionador general:

Inicio de procedimiento administrativo sancionador (PAS). Descargo del PAS (5 días). Informe Final de Instrucción (IFI). Notificación del IFI.hace 6 días

La administración tiene, desde el acta de infracción, un plazo de 6 meses para imponer una sanción administrativa, es decir para dictar resolución. Así lo estipula el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el artículo 23 limita a lo excepcional la posibilidad de ampliar ese plazo.

La caducidad, contemplada en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se refiere a la terminación del procedimiento administrativo por haber vencido el plazo máximo fijado legalmente sin que el órgano administrativo competente haya podido dictar una ...

La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas ...

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda”.

En específico, explicó las tres etapas de este procedimiento: investigación preliminar, fase instructiva y fase sancionadora; así como los plazos correspondientes.

El proceso administrativo está conformado de cuatro fases principales: planificación, organización, dirección y control.

Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

Finalización del procedimiento por pacto o transacción entre la Administración y el acusado, que se ponen de acuerdo sobre la sanción administrativa procedente y su cumplimiento.

1. Adm. Procedimiento en el que la Administración ejercita su potestad sancionadora resolviendo, en caso de comisión de alguna de las infracciones tipificadas, la imposición de la sanción correspondiente.

Fase sancionadora

El órgano sancionador emite un pronunciamiento acerca de la comisión de la infracción imputada al servidor civil, dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor, Este plazo puede prorrogarse hasta por 10 días hábiles adicionales, previa sustentación.hace 6 días

La autoridad instructora emitirá el Informe Final de Instrucción, exponiendo sus conclusiones sobre la comisión o no de infracciones administrativas, las sanciones que correspondan, el archivo del expediente y las medidas correctivas a ser dictadas, según sea el caso.

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

El silencio administrativo positivo. En el supuesto de que la Administración Pública no resuelva expresamente el procedimiento en el plazo legalmente previsto al efecto cuando haya sido iniciado a solicitud del interesado, por regla general se producirá la estimación del mismo por silencio administrativo positivo.

Pero, ¿Cuántas veces hay que intentarlo? En las notificaciones en papel, tanto la Ley 30/1992, como la Ley 39/2015 dicen que para que pueda surtir efectos la notificación, debe primero intentarse la notificación por dos veces para después proceder a su publicación en el BOE.

SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades.

Tan sólo cabe la interposición de recurso contencioso – administrativo contra la resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento e imponga la sanción en cuestión.

Recordemos que un expediente administrativo sancionador es un procedimiento en el que la Administración ejercita su potestad sancionadora resolviendo, en caso de comisión de alguna de las infracciones tipificadas, la imposición de la sanción correspondiente.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) en su título IX regula la potestad sancionadora.

Un Informe final es un documento escrito que se obtiene como producto de una investigación, donde se detallan los resultados obtenidos, así como el modo en el que fue realizado dicho estudio.