¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de revisión?

Plazo: Cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

El recurso de revisión se puede interponer en los siguientes casos: Cuando la resolución sea contraria a derecho o contenga errores o vicios que afecten la defensa del contribuyente. Cuando se haya presentado una prueba o hecho relevante que no fue considerado en el procedimiento.

Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Con base en el Artículo 110, los recursos de revisión podrán interponerse: De manera directa en las oficinas del Instituto. Por correo certificado. Por medios electrónicos ante el Instituto.

Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y. No se probare la existencia del acto respectivo.

El artículo 125 de la ley establece el recurso de revisión como una última instancia de impugnación, tanto de recursos de alzada como de reposición, y ante los siguientes hechos: Actos firmes en vía administrativa. Situaciones de errores documentales, cohecho, prevaricación o testimonios falsos.

Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.

El recurso extraordinario de revisión se debe formular mediante demanda en los términos del artículo 357 del código general del proceso. La demanda se debe presentar ante el tribunal o ante la Corte suprema de justicia, según corresponda, y se le debe dar el trámite indicado en el artículo 358 del CGP.

Conforme a la normativa anterior, se observa que para resolver los recursos administrativos las autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles, de conformidad con los Artículos 13 y 14 del CPACA, salvo disposición legal especial en contrario.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes de que cause estado, si se tratare de sentencia, o de tres, si fuere de auto. ARTICULO 243.

este recurso persigue como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma ...

La revisión judicial es uno de los controles y equilibrios en la separación de poderes: el poder de la judicatura para supervisar las ramas legislativa y ejecutiva cuando estas exceden su autoridad.

En la vía administrativa, existen tres clases de recursos administrativos, a saber: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

Este recurso es un medio impugnativo excepcional el cual permite modificar, revocar, sustituir o confirmar un acto administrativo que fuere conocido por dos instancias de la Administración que no son de competencia nacional.

La competencia para conocer de estos recursos corresponde al órgano que dictó el acto objeto de revisión, quien puede pronunciarse sobre la procedencia del recurso, y en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido (art. 125.1 de la Ley 39/2015).

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal están legitimados para interponer un recurso de amparo.

El recurso de alzada, reiteramos, se interpone frente a los actos que NO pongan fin a la vía administrativa. Sin embargo, el recurso de reposición únicamente podrá interponerse frente aquellos que SÍ pongan fin a la vía administrativa.

Las reclamaciones que se dicten en los procedimientos que resuelven sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, ponen fin a la vía administrativa.

El recurso de reposición es un medio potestativo de impugnación de actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y se encuentra regulado en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo sucesivo LPAC.

"Cuando exista un error simplemente formal en un acto administrativo, es decir, que no se genere un cambio sustancial, la entidad podrá corregirlo, para el caso concreto haciendo las anotaciones respectivas en el acto administrativo, sin que ello afecte su contenido, indicando la situación que corresponde y que sea ...

En el caso de las sanciones administrativas éstas prescribirán: A los tres años, por faltas muy graves. A los dos años, por faltas graves. Al año, por faltas leves.

Equivocación manifiesta que evidencia una falta en la recepción de la voluntad judicial, o su imperfecta expresión en el texto de la sentencia definitiva. A tenor del CIC , c. 1616 § 1, el error material será corregido de oficio o a instancia de parte por el tribunal que dictó la sentencia definitiva.

06700, Ciudad de México; en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Cuál es el costo para interponer el recurso administrativo de revisión? El recurso administrativo de revisión es gratuito.

¿Quién tiene derecho a interponer el recurso de revisión? La persona que solicitó la información o su legítimo representante.

Los efectos de la sentencia

El efecto principal de una sentencia de revisión es que se rescinda la sentencia condenatoria. Pero hay efectos materiales como consecuencia de esa rescisión.

Existen dos formas de silencio administrativo: Silencio administrativo positivo: produce efectos beneficiosos para los interesados. Silencio administrativo negativo: produce efectos negativos en los interesados.

A partir de ahora los ciudadanos que quieran recurrir en un proceso civil o contencioso tendrán que abonar 800 euros (hasta ahora la tasa estaba fijada para las personas jurídicas en 300 euros). Si el recurso es de casación ante el Tribunal Supremo la cantidad sube a los 1.200 euros (hasta ahora eran 600 euros).