¿Cuál es el principio de reserva de ley?

Facultad exclusiva que le confiere la Constitución al Poder Legislativo para que expida las leyes. Es una manifestación de la democracia representativa. También el principio según el cual solamente mediante ley expresa pueden establecerse, modificarse o suprimirse tributos o exoneraciones.

Esto se debe a que tanto las Leyes Orgánicas como las Leyes Ordinarias tienen rango de Ley. Por este motivo las Leyes Orgánicas y Ordinarias no se relacionan por el principio de ordenación jerárquico, sino por el de competencia.

El artículo 105 de la Constitución establece una reserva de ley en tres ámbitos diferenciados: la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso a los archivos y registros administrativos; y, finalmente, la audiencia del interesado en el ...

Artículo 52 de la Constitución Española: La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Lo primero que debes saber es que la principal distinción radica en la materia que trata cada una de ellas y las mayorías necesarias para su aprobación, (absoluta para las orgánicas, simple para las ordinarias). Eso sí, una cosa tienen en común: su aprobación definitiva depende de las Cortes Generales.

Así, las Leyes Orgánicas, debido a la importancia de las materias que regulan, exigen un consenso político que se traduce en la exigencia de una mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación, mientras que las Leyes Ordinarias, únicamente requieren una mayoría simple.

Las materias que deben ser reguladas por medio de Ley Orgánica en España son: Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía. Régimen electoral general.

Artículo 51.

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 72.

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo 150.

El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

La principal diferencia entre ley y decreto radica en su origen, proceso de creación y alcance, las leyes son normas aprobadas por el poder legislativo y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Los decretos son normas emitidas por el poder ejecutivo y tienen un alcance limitado y específico.

Artículo 81. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

El Real Decreto-Ley, se aplica como un medio para resolver circunstancias extraordinarias y de necesidad urgente, mientras que el Real Decreto, sirve para dictar los reglamentos más importantes que desarrollan leyes.

Decreto. Resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el Poder Legislativo. Al interior del Congreso, el decreto contiene un proyecto de ley aprobado por el Pleno de una o de ambas cámaras.

Para la ley orgánica se exige un número de votos que normalmente supera la mayoría absoluta (50% de la cámara legislativa más un voto) o una mayoría cualificada (normalmente 3/5 partes de la asamblea legislativa).

La Ley Ordinaria puede definirse como instrumento del que disponen las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) para desempeñar su función legislativa en aquellas materias que no se reservan a Ley Orgánica.

Ley Orgánica. Ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los tres Poderes del Estado.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas.

La ley orgánica, frente a la ley ordinaria, es aquella prevista en la Constitución Española de 1978 (artículo 81)​ que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto aprobado.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 103 establece que la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Artículo 13. 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.