¿Cuáles son los recursos administrativos ordinarios?

Los recursos administrativos ordinarios, son el recurso de alzada y el recurso de reposición. Como recurso extraordinario, en el ordenamiento jurídico administrativo español, sólo está el recurso extraordinario de revisión, del que te hablaré más adelante.

Diferencias entre recurso de alzada y de reposición

El recurso de alzada se interpone frente a los actos que no ponen fin a la vía administrativa. En cambio, el recurso de reposición únicamente podrá interponerse frente aquellos que sí ponen fin a la vía administrativa.

¿Quién puede interponer un recurso administrativo? Sólo podrán entablar recursos los interesados que acrediten estar legitimados para ello.

El recurso administrativo es el instrumento jurídico con el que cuentan los gobernados para ejercer control de la legalidad sobre los actos de la Administración que permite el restablecimiento de la legalidad si ha sufrido el gobernado alguna alteración en su esfera jurídica.

Plazos para interponer el recurso de alzada

El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto es expreso. Si no fuese el caso, el solicitante podrá interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

En la vía administrativa, existen tres clases de recursos administrativos, a saber: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

Herramienta ordinaria utilizada contra las decisiones administrativas, con la cual se busca que la persona que tomó la decisión evalúe las inconsistencias presentadas en el acto administrativo, con el fin de que el mismo sea revocado o reformado de acuerdo con los argumentos presentados.

Las reclamaciones que se dicten en los procedimientos que resuelven sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, ponen fin a la vía administrativa.

No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”

Actos recurribles: son las resoluciones y los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

El plazo para presentar recursos - reconsideración o jerárquico, según la Ley de Procedimientos Administrativos - es de quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir del primer día hábil administrativo posterior al de la notificación de la resolución de la Disputa.

Si eres una persona física (si actúas en tu nombre y no en el de una empresa, asociación, comunidad, etc) debes saber que no estás obligado a presentar tu recurso por medios telemáticos sino que puedes presentarlo en papel en un registro administrativo o en una oficina de Correos.

El silencio administrativo resulta ser una ficción legal que podría definirse como la estimación o desestimación tácita que la ley liga a la asuencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

La resolución del recurso de alzada

Tras abrir el expediente correspondiente, el superior jerárquico tiene que resolver el recurso y notificarlo en el plazo máximo de tres meses. Si no lo hace, se produce el citado silencio administrativo, que será automáticamente denegatorio.

(i) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

El precio total del servicio de Interposición de un Recurso de Alzada es de 299€ (incluye la tasa oficial obligatoria de 76,39€ y los impuestos sobre honorarios).

Consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 112 a 122.

Contra la resolución de un recurso de alzada cabe, excepcionalmente, el extraordinario de revisión ante el mismo órgano que dictó aquél si concurre alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

«El recurso de reposición es un medio de impugnación de las providencias judiciales cuya función consiste en que el mismo funcionario que la profirió pueda corregir los errores de juicio y, eventualmente, de actividad que aquéllas padezcan, como consecuencia de lo cual podrán ser revocadas, modificadas o adicionadas.

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

¿Qué pasa después de interponer el recurso de reposición? En cuanto a cómo resolver un recurso de reposición, la Administración podrá: Emitir una notificación en la que indicará si el recurso ha sido estimado y se modifica la decisión inicial o no (respuesta expresa).

Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

recordemos que, en el orden nacional, las vías de agotamiento de la instancia administrativa son la impugnatoria y la reclamatoria.

Como su nombre lo indica, el recurso extraordinario de revisión en vía administrativa es un medio de impugnación de carácter excepcional que se interpone contra actos administrativos firmes y que ya no pueden reclamarse a través de los recursos ordinarios de alzada o potestativo de reposición.

Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

Para controvertir la legalidad de un acto administrativo que afecte la situación jurídica de una persona puede hacerse uso de la acción de nulidad y restablecimiento, creada para atacar dichos actos cuando comprendan efectos de índole particular, o sea, los dictados a destinatarios específicos.

Es nula la notificación de un acuerdo si no se hace indicación de los recursos que procedan y del plazo para inter- ponerlos (Sentencias de 3 de marzo de 1936, 23 de diciembre de 1939, 15 de febrero de 1943 y 26 de febrero de 1944).