¿Cuándo es anulable un acto administrativo?

La anulabilidad de un acto administrativo se produce cuando infringe el ordenamiento jurídico, no reúne los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o causa indefensión de los interesados, o es realizado fuera del tiempo establecido, siendo el término o plazo indispensable para el propio acto.

Visto de ese modo, los actos anulables se originan cuando el acto administrativo dictado infringe el ordenamiento jurídico, no reúne los requisitos formales que son indispensables para alcanzar su fin, causa indefensión de los interesados, o son realizados fuera del tiempo establecido para ello.

Las causas que llevan a la nulidad o anulabilidad también son diferentes. La nulidad se produce cuando el acto jurídico incumple con los requisitos esenciales para su validez, mientras que la anulabilidad surge cuando el acto contiene vicios en su formación, como el error, dolo, violencia o intimidación.

El artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder”.

"El acto jurídico nulo es aquel que infringe normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres (nulidad absoluta) o cuando sus requisitos esenciales adolecen de algún vicio (nulidad absoluta y relativa).

La nulidad tiene su origen en diversas causas, entre las que se pueden men- cionar las siguientes: 1) Ausencia de consentimiento. 2) Incumplimiento en las formalidades del acto jurídico. 3) Ausencia de causa que da origen al acto jurídico.

También se le conoce como nulidad absoluta o insaneable. Por ejemplo, un Reglamento ilegal, será siempre declarado nulo. Cuando un acto es anulable, existen unos interesados que pueden pedir la anulación del mismo. Mientras tanto, el acto es válido.

El órgano competente para la declaración de nulidad o anulabilidad es la propia Administración Pública.

anulable | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. 1. adj. Que se puede anular.

Las nulidades que puedan afectar a los contratos, son de dos clases: nulidades absolutas o de pleno derecho, llamadas también inexistencias y nulidades relativas, que hacen a los contratos anulables.

La acción de nulidad no procede cuando se pretende el restablecimiento de un derecho particular y concreto (12:25 p.m.) | Ámbito Jurídico.

La nulidad es el remedio procesal que tiene lugar cuando el acto procesal judicial padece de una falta de aptitud para producir los efectos que le son propios, es decir, presenta un vicio o defecto que se lo impide y es causa de su invalidez.

fuerza que obligue o cause efecto, cual antítesis de lo legal, sin presupuestos sustanciales de forma o fondo.

Vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el mundo del Derecho y que, de acuerdo al orden jurídico vigente, afectan la perfección del acto, sea en su validez o en su eficacia, impidiendo la subsistencia o la ejecución del acto.

- En el derecho civil la nulidad es siempre declarada por un órgano judicial, mientras que en el Derecho Administrativo puede ser declarada tanto por un órgano judicial como por un órgano administrativo tanto a petición de parte como incluso de oficio, en este último caso sujeto a determinados requisitos que se ...

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.

La acción de simple nulidad procede contra los actos de carácter general y particular, caso este último cuando comporte un especial interés para la comunidad y, cuando no se esté en presencia de una pretensión litigiosa.

Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea coexistente a la celebración del mismo.

Nulidad absoluta

Opera cuando un acto administrativo carece de uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente, conllevando a que no se presuma legítimo ni pueda ser aplicado.

El error de hecho es cuando la administración interpreta o comete un fallo a la hora de interpretar unos hechos o circunstancias que han ocurrido, o bien, comete un fallo o un error a la hora de tener en cuenta circunstancias, datos etc.

Los actos administrativos se pueden clasificar en función de diferentes criterios: ATENDIENDO AL NÚMERO DE ÓRGANOS IMPLICADOS EN EL ACTO. Distinguimos entre: a) simples (sólo interviene un órgano administrativo) y b) complejos (intervienen una pluralidad de los mismos). SEGÚN LOS EFECTOS SOBRE LOS ADMINISTRADOS.

Son faltas administrativas los actos u omisiones realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que contravengan con las disposiciones legales. Las faltas administrativas se clasifican en no graves y graves.

confiere en la práctica administrativa: “Revocación” es la extinción del acto realizada por la misma admi nistración, y puede ser por razones de legitimidad u oportunidad; “anulación” es la extinción del acto realizada por los jueces, y es sólo por ilegitimidad.

La nulidad de un acto se reconoce en que uno de sus elementos, voluntad, objeto, forma, se ha realizado imperfectamente, o en que el fin que perseguían los autores del acto, está directa o expresamente condenado por la ley, o implícitamente prohibido por ella, porque está en contra del orden social.

– El error de hecho es aquel que recae sobre los elementos que constituyen un delito concreto. Ejemplo: en una discoteca una chica se lleva por equivocación una chaqueta ajena que es muy similar a la suya.

Son errores materiales, de hecho o aritméticos aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de ...

Error sobre los hechos que justifican una decisión. En general, el error de hecho debe combatirse por medio de la prueba necesaria practicada conforme a los requisitos legales según el tipo de procedimiento.