¿Cuándo se aplica el control de constitucionalidad?

El control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales.

Actualmente, esta forma de control consiste en la interpretación conforme de las normas y su no aplicación cuando se concluya que contravienen a la Constitución federal, o las disposiciones en materia de derechos humanos previstas en los tratados internacionales celebrados por México.

Todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción, es decir, tanto los Tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional, son competentes para controlar la constitucionalidad de la ley y para defender los derechos y libertades.

En sentido lato, el control de constitucionalidad es el procedimiento a tra- vés del cual determinados órganos del Estado comprueban si ciertos actos lícitos de los poderes públicos están conformes con la Constitución, decidiendo su anulación o inaplicación en caso contrario.

Pueden ser planteados por el Gobierno estatal o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. El objeto de los mismos son las disposiciones, resoluciones o actos de los órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas o su omisión.

El control difuso de constitucionalidad consiste en aplicar las normas constitucionales a casos concretos (tradicionalmente no se podía, porque los jueces sólo podían aplicar las normas de su jurisdicción, por ejemplo, en este caso, sólo el Código Penal local, aunque fuera inconstitucional); el control difuso de ...

Este principio significa: Que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación de los órganos administrativos. Que los Tribunales controlan que la actuación de los órganos de la Administración sea conforme a los fines justificadores de la misma.

Están legitimados: Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

El Tribunal Constitucional, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, al igual que a través del recurso de inconstitucionalidad, garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado y de las ...

Potestad del Tribunal Constitucional, ante una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante él, de declarar no conforme con la Constitución cualquier ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza que infrinja por acción u omisión una disposición de la Carta Magna.

El control difuso es una atribución del juez, que lo obliga a ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema, por ende, no hay legitimación para su realización.

El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país.

A lo largo de la historia y evolución del derecho se han desarrollado distintos mecanismos para aplicar la norma jurídica general y abstracta a un caso concreto. Para realizar dicha aplicación, que asume la forma de concretización especialmente en el derecho constitucional, el juez procede a interpretar la norma.

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Artículo 161.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

Artículo 159. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN" y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN".

El control difuso es un medio de control constitucional necesario en cualquier sistema jurídico, pues con independencia de que coexista un modelo de control concentrado, el hecho de que todo juez debe adecuarse en su actuación a los parámetros constitucionales, garantizando con ello la eficacia del principio de ...

Cuando nos referimos a "control de constitucionalidad de oficio", estamos haciendo mención a aquél que lleva adelante un tribunal integrante del poder judicial, en el marco de un caso judicial, sin que alguna de las partes lo haya solicitado.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte.

Se vulnera el principio de legalidad material en un sentido negativo cuando incorrectamente se considera que una conducta supuestamente delictiva proviene de un hecho que no reviste carácter penal.

Entre los primeros el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores aparecen como legitimados para impugnar todas las normas que puedan ser objeto de este tipo de recurso.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 35 de la LOTC, la cuestión se plantea cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considera que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.

Para anular una ley u otro acto de derecho público se requiere: a) competencia del órgano llamado a declararla; b) causa suficiente y acreditada; y c) clara acotación de sus efectos, que pueden ser peores que el vicio que se intenta subsanar. El legislador tiene limitada su potestad legislativa en el Art.

El Tribunal Supremo es el de más alto rango dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jerarquía y forma una categoría propia, con reconocimiento diferenciado en la Constitución.

El TC no juzga y hace cumplir lo juzgado, sino que es un órgano constitucional político elegido por el poder legislativo cuya única misión es el control constitucional de las leyes y su expulsión del ordenamiento jurídico cuando contravienen a la Constitución.