¿Cuándo se entiende agotada la reclamación administrativa?

Reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.

Acto contra el que no caben más recursos administrativos, salvo el de reposición, y puede impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

- Agotamiento de la vía administrativa La resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso alguno. Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer demanda contencioso administrativa.

228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

b) No se requiere agotar la vía administrativa cuando la impugnación del acto en cuestión se fundamenta en la inconstitucionalidad de la norma.

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de que se manifieste su efecto lesivo.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

La norma general que establece el artículo 24 es que el silencio es positivo y será negativo cuando una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea o un derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

Recurso de alzada

Las resoluciones y actos de trámite cualificados, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

En este sentido, el artículo 84 dispone que pondrán fin al procedimiento: La resolución. El desistimiento. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud (si dicha renuncia no está prohibida por el ordenamiento jurídico).

- Subtema: Firmeza

Una causal de la firmeza de los actos administrativos es la que se da desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

Mediante la Resolución, la Administración pone fin al procedimiento y decide sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados a lo largo del expediente y aquellas otras derivadas del mismo.

Se presenta ante el superior de quien emitió la decisión. Es necesario presentar los recursos para poder solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho. De lo contrario, se entenderá que se estaba de acuerdo con la decisión.

A su vez, un acto es firme en vía administrativa cuando contra el mismo ya no cabe recurso ordinario alguno ante la Administración, es decir de alzada o reposición (ya sea porque no exista la posibilidad de recurso ya porque haya transcurrido el plazo para interponerlo).

La vía administrativa se agota cuando se deciden todos los recursos administrativos, por decisión del último y más alto de ellos, en contra del recurrente, todo según expresa disposición del artículo 18, 1 antecitado.

Una vez la Administración que dictó el acto determine la inadecuación del mismo al ordenamiento jurídico y a los intereses generales, se acordará la declaración de lesividad por el órgano competente de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El reclamo impropio es el medio para impugnar en forma directa actos administrativos de alcance general y opera como un recaudo habilitante de la instancia judicial.

Lugar en que tiene su asiento o domicilio un órgano administrativo.

En sentido procesal: Se entiende la vía gubernativa como el resultado de la actuación cumplida ante la administración, como requisito para poder recurrir ante la vía jurisdiccional.

Las deudas con la Seguridad Social prescriben a las 4 años. Las deudas de préstamos bancarios no hipotecarios prescriben a los 5 años. Las deudas de tarjetas de crédito prescriben a los 5 años. Por otra parte, para todas aquellas cargas nacidas entre el año 2000 y 2005, el plazo establecido es de 15 años.

Cómo actuar ante las reclamaciones de tus clientes

Las deudas procedentes de contratos personales prescriben a los 5 años. Desde octubre de 2015 el plazo de prescripción de acciones personales sin plazo especial fue reducido de 15 a 5 años.

El silencio administrativo positivo es la regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si la administración no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido, se presume que la solicitud ha sido aceptada.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.