¿Cuándo se puede pedir costas?

¿Cuándo se puede pedir la tasación de costas? El plazo durante el cual la parte puede solicitar la Tasación de costas, incluyendo las diferentes partidas según lo establecido en el art 241 LEC, es de 5 años, de acuerdo al tenor literal del art. 518 LEC.

La tasación de costas e intereses la podrá solicitar la parte una vez sea firme la resolución judicial donde se hubiese condenado en costas a la otra parte (ya sea una o varias). Se presentará a través de escrito dirigido al mismo tipo y número de procedimiento donde se dictó dicha resolución.

Por lo que hay un plazo de cinco años para tasar las costas del procedimiento y, una vez tasadas y firmes, se cuenta con otro plazo de cinco años para ejecutar su pago.

Existen dos casos en los que el condenado está exento de pagar las costas procesales: cuando se declara como insolvente y cuando se acoge a la justicia gratuita.

Para empezar, las costas procesales, también llamadas costas judiciales, son los gastos que se devengan en un proceso judicial. La condena en costas se produce cuando el Juez o Tribunal que dicta sentencia impone a una de las partes implicadas el pago de los gastos derivados del proceso judicial.

- Las costas no podrán exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, salvo que el tribunal disponga otra cosa a razón de la complejidad del asunto.

Para solicitar la tasación de costas e intereses nos debemos ir al art. 242 LEC donde se señala cómo se debe proceder a dicha solicitud. La parte debe realizar un escrito concreto y sencillo dirigido al Juzgado que ha dictado la resolución donde se imponen las costas a la parte contraria.

La regla general es que las costas se imponen a la parte que pierde el juicio. Como bien es conocido, los juicios generan una serie de gastos a las partes (honorarios de abogado, de procurador, de peritos, etc.).

Si no tiene suficiente dinero para pagar las costas judiciales, tal vez pueda obtener del juez una exención de pagarlas (o sea, anularlas o perdonarlas).

Por regla general, cuando una de las dos partes enfrentadas pierde el juicio, debe pagar a la otra el coste de su abogado, procurador, perito, etc.

Por tanto, como regla general, quien pierde en el juicio paga las costas judiciales de ambas partes tal y como nos indica el artículo 394 Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante el juez tiene potestad para lo contrario (ya que él tiene la última palabra).

Por ello, cuando decimos que hay "condena en costas" en un juicio, significa que el juez obliga a la parte que ha perdido (y que ha sido condenada) a pagar a la parte a cuyo favor se ha dictado la sentencia favorable, los diferentes costes que pueden originarse en un procedimiento judicial.

La costa es la zona extrema de un continente o de una isla que limita con el mar u otro cuerpo acuático de gran extensión.

Si nos han condenado en el orden civil, las costas están compuestas por diversos gastos, entre estos: Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean obligatorios. Publicación obligatoria de anuncios o edictos. Derechos de peritos y otros abonos.

En los procesos contenciosos es el Juez quién determina quién paga los gastos (Costas). La ley, como regla general, determina que las costas las paga la parte que pierde. Ello implica que ha de pagar los gastos propios y los de la otra parte. Es lo que se llama “condena en costas”.

Si la deuda se paga de inmediato, el juicio termina y las acciones judiciales desaparecen. Pero en caso de que la deuda siga sin pagarse, quien cobra puede ejecutar un embargo de bienes. Esto significa que un receptor judicial irá a tu casa, tomará nota de tus cosas, las retirará y por último las rematará.

Se refiere a los gastos legales que hacen las partes en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los gastos procesales, o sea los aranceles y derechos judiciales, sino también los honorarios de abogados y emolumentos al personal auxiliar.

En general, los tribunales consideran que el cliente tiene derecho a ser indemnizado por la pérdida de la oportunidad para presentar y defender su pretensión. Esta pérdida de oportunidad se cuantifica teniendo en cuenta el valor de lo reclamado y la probabilidad de éxito según las circunstancias del caso concreto.

¿Quién las cobra? La respuesta a todas estas preguntas va a depender de si el beneficiario de la justicia gratuita es el condenado a abonar las costas, o si, por el contrario, el beneficiario de la justicia gratuita es quien ha obtenido el pronunciamiento favorable de las costas.

¿Qué incluyen las Costas Judiciales? Las Costas Judiciales en general cubren los gastos incurridos en un procedimiento como son honorarios de abogados, procurador y del perito, en caso de ser necesaria y justificada su intervención dentro de un procedimiento judicial.

243.1 LEC (LA LEY 58/2000): «En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el Secretario Judicial encargado de la ejecución».

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Las costas son erogaciones económicas que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, las expensas - los gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, etc.)-

En consecuencia, el envío de burofax, trámite administrativo, fotocopias, firma de documentos y mucho más forman parte de los gastos procesales de un litigio. Mientras que, las costas son todos los desembolsos que hará la parte perdedora por resolución judicial y que forma parte del procedimiento.

En la práctica habitual, lo normal será que el orden que se haya de cumplir sea, primero pago de la responsabilidad civil, segundo pago de las costas de la acusación particular, si la hubiera, y tercero el pago de la multa.

Para deudas cuya cuantía sea igual o inferior a 2.000 euros, es posible interponer una demanda para hacer una reclamación judicial en nombre propio y sin necesidad de contar con la asistencia de un abogado y un procurador.