¿Cuándo se puede solicitar la ejecución forzosa de una sentencia que condena a la Administración al pago de una cantidad líquida?

Conforme a lo dispuesto en el artículo 104.2 de la LJCA, transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia, cualquiera de las partes o personas afectadas podrán instar su ejecución forzosa.

No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa.

Así, según el art. 117,3º CE, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. En el proceso civil, la ejecución de sentencia es una actividad sustitutiva.

PLAZO DE 15 AÑOS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Alicante.

En este sentido, hay un plazo habitual para notificar una sentencia que va desde los 15 a los 40 días. Estos plazos varían con lo que se demore la carga de la sentencia y en función de la complejidad que contenga. Depende del valor que se reclame en la audiencia, si puede o no recurrirse.

Es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo máximo para resolver y para notificar, la Administración ya sólo puede dictar una resolución expresa que sea confirmatoria del acto producido por silencio administrativo, no pudiendo resolver en sentido contrario a ese acto.

Además, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: apremio sobre el patrimonio (art. 101), ejecución subsidiaria (art. 102), multa coercitiva (art.

De manera un tanto excepcional, puede solicitarse la ejecución de una sentencia o resolución judicial que no sea firme. Ello se puede solicitar mediante la correspondiente demanda, una vez la parte contraria haya interpuesto el correspondiente recurso contra la resolución provisional de primera instancia.

La ejecución forzosa es un procedimiento, en el sentido corriente de la palabra, pues consiste en la gestión de actos posicionados tras el fin preciso de satisfacer el derecho reconocido judicialmente o, simplemente, ejecutar lo juzgado.

En este sentido, hay un plazo habitual para notificar una sentencia que va desde los 15 a los 40 días. Estos plazos varían con lo que se demore la carga de la sentencia y en función de la complejidad que contenga. Depende del valor que se reclame en la audiencia, si puede o no recurrirse.

De media, los honorarios del letrado, por ejemplo en casos de solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, suelen ir de los 600€ en adelante por procedimientos por el impago de pensiones o desde 900€ por procedimientos relacionados con el incumplimiento de otras obligaciones (por ejemplo, el régimen de visitas).

Recurso de apelación

Se trata de uno de los recursos contra sentencias contencioso-administrativas más significativos de la LJCA. Es un recurso ordinario y devolutivo contra autos y sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

En el caso de las sanciones administrativas éstas prescribirán: A los tres años, por faltas muy graves. A los dos años, por faltas graves. Al año, por faltas leves.

Petición formulada por la parte interesada, dirigida al órgano judicial sentenciador, de que se ejecute la resolución judicial que le favorece.

Una demanda de ejecución es el nombre jurídico que recibe la solicitud que se presenta en un juzgado para que, a través de un proceso judicial, se cumpla lo establecido en una resolución o sentencia.

Cuando la parte demanda ingresa el dinero en el juzgado, éste tiene dos opciones:

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

La norma general que establece el artículo 24 es que el silencio es positivo y será negativo cuando una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea o un derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

En el derecho administrativo español los medios de ejecución forzosa son limitados a cuatro: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.

La ejecución del título o resolución judicial

La resolución judicial que estime la demanda del actor será de obligado cumplimiento. Es en éste momento, cuando, si el demandado no cumple con lo enjuiciado y sentenciado, puede solicitarse la ejecución.

iii) Los actos administrativos de ejecución, por su parte son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

El proceso de ejecución inicia bajo dos supuestos: a) con el ejercicio del derecho consignado en una resolución jurisdiccional o administrativa y b) con el ejercicio de la acción derivada de un documento lo suficientemen- te fomal como para generar la certeza de la obligación consignada en él.

La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste. 2.

El artículo 133 del Código Penal establece los plazos de prescripción cuando ha sido impuesta una pena en sentencia firme: Las penas prescriben: A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años. A los 25 años, las penas de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.

Cuando una sentencia es firme, la persona que ha sido condenada tiene un plazo de 20 días para cumplirla de manera voluntaria. Cuando transcurre dicho plazo se considera que la sentencia se ha incumplido. A partir de ese momento los Tribunales obligarán al condenado a su cumplimiento.

La ejecución de un acto administrativo implica una potestad imperativa o de mando en aras de satisfacer las necesidades colectivas o generales; se entiende, que no admite demora, la ejecución del acto administrativo se da con o sin la voluntad del gobernador, inclusive en contra de su voluntad.