¿Cuando un acto administrativo incurre en desviación de poder?

Hay desviación de poder cuando el acto aun siendo formal y sustancialmente acorde a la ley, sin embargo no lo es desde el punto de vista de la intención con la que es dictado, por cuanto la administración al dictarlo no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordada la facultad para hacerlo.

- «Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder» (artículo 48 LPACAP).

La desviación de poder en materia contractual se puede definir, como la función administrativa ejercida por el servidor público, con el propósito de favorecer a un tercero, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con la atribución de la respectiva competencia.

Sin embargo, los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria cuando: (I) son suspendidos provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, (II) desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho, (III) transcurren 5 años desde la fecha en que quedaron en firme y la administración no los ejecuta, ...

Es un vicio que acarrea la anulabilidad de los actos administrativos, y ocurre cuando la Administración al emanarlos, actúa con fines distintos de aquellos para los cuales, explícita o implícitamente, la ley configuró la facultad o el deber de dictarlos.

El error de hecho es cuando la administración interpreta o comete un fallo a la hora de interpretar unos hechos o circunstancias que han ocurrido, o bien, comete un fallo o un error a la hora de tener en cuenta circunstancias, datos etc.

TRÁMITE DE AUDIENCIA (Artículo 82): Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

El citado artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contiene las normas esenciales sobre el procedimiento de revisión de actos nulos, que en lo demás se rigen por las disposiciones del título IV de la misma Ley, “De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común”.

Los actos administrativos impugnables pueden ser expresos o presuntos (por efecto del silencio administrativo), que pongan fin a la vía administrativa. También puede impugnarse la inactividad de la Administración, y sus actuacio- nes materiales que constituyan vía de hecho.

La nulidad absoluta se presenta en aquellos casos en los que el acto celebrado por una persona absolutamente incapaz, se encuentra afectado por causa u objeto ilícito o contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa (art. 1741 C.C y art.

Conforme con el artículo 1682 del Código Civil, la nulidad absoluta es la sanción impuesta por la ley a la omisión de los requisitos prescritos para el valor de un acto o contrato en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las partes que lo ejecutan o acuerdan.

Puede alegar la nulidad absoluta todo el que tenga interés, y el heredero lo tiene, sin ni siquiera invocar este derecho como adquirido del causante. El artículo 1683 establece una prohibición, y las prohibiciones deben interpretarse restrictivamente y no por analogía.

Transcurridos cinco años a partir de su firmeza sin que la autoridad administrativa haya realizado lo que le corresponda para darles cumplimiento, es decir, que la autoridad no lo ha ejecutado, en este caso la perdida de ejecutoria se debe a la inactividad de la administración.

Cuando se agota la vía administrativa, esto quiere decir que ya no hay más procedimientos ni recursos que se puedan interponer dentro de la propia Administración Pública. Para seguir defendiendo sus derechos e intereses legítimos, el ciudadano tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tipos de desviaciones

- Desviaciones por causas internas: desviaciones causadas dentro de la organización, controlables y que pueden ser corregidas. - Desviaciones por causas externas: desviaciones ajenas a la organización, difíciles de controlar y de modificar. - Desviaciones aleatorias: desviaciones causadas por sucesos imprevistos.

Una vez que se detecta una desviación, ésta debe controlarse con acciones inmediatas, las causas fundamentales identificadas como necesarias y las acciones sistémicas implementadas (es decir, acciones correctivas o CAPA) según corresponda, a fin de prevenir futuras no conformidades iguales o similares.

Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.

El error de hecho es generalmente un vicio del consentimiento, mientras que el error de Derecho es comúnmente rechazado como tal, siguiendo al código francés y a Pothier.

Se trata de un recurso que, ceñido a causas tasadas y referido a actos que han ganado firmeza administrativa, ha de ser objeto de una interpretación estricta, debiendo rechazarse todo propósito dirigido a concebirlo como un recurso ordinario sin limitación de cognitio o conocimiento del asunto.

Artículo 16.

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece una relación de actos administrativos, que han de ser motivados obligatoriamente, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Un acto administrativo de carácter general, para sacarlo del ordenamiento jurídico, es anulable a través de la jurisdicción contenciosa en acción de nulidad, de conformidad con lo preceptuado por el art. 137 de la ley 1437 de 2011.

Artículo 14

Las personas físicas pueden escoger en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para ejercer sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, a menos que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.