¿Cuando un juez puede rechazar una prueba?

El juez puede rechazar la práctica de pruebas que considere que no serán útiles al proceso en virtud de sus poderes de dirección y en atención al principio de la economía procesal. Innecesario y dilatorio sería que el juez, a sabiendas que una prueba no es útil al proceso, la decretara.

En efecto, cuando se niega la práctica de determinada prueba, ello de inmediato anula cualquier posibilidad de hacer valer la información que ella contiene e incluso se puede afectar fuertemente la teoría del caso de la parte, si la misma se fundamenta en ese elemento de juicio.

El juez no está autorizado a crear normas jurídicas. Las decisiones del Juez están fundadas en normas jurídicas que provienen de una fuente autorizada. Se presume que el Juez conoce la ley y demás normas jurídicas. El juez no puede rechazar la aplicación de una ley.

Denegación de conocer y analizar testimonios, documentos, evidencias y demás probanzas que se pretenden hacer valer en un juicio. || Situación en la que una persona que juzga decide no conocer pruebas que, por versar sobre hechos impertinentes o superfluos, son legalmente prohibidas o ineficaces.

Las pruebas son argumentos que pueden comprobar si un hecho ha existido o no, por lo tanto, proveen al Juez del convencimiento para fallar de manera correcta y sustentada en un proceso.

- La prueba ilegal es aquella que se construye con ausencia de alguno de los requisitos que el legislador dispuso para su asunción, mientras que la prueba ilícita es aquella que se obtiene con la violación de los derechos fundamentales así como las garantías del enjuiciado.

Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate.

juez/a: Iltre. Sr. / Iltre. Sra. magistrado/a de audiencia provincial: Ilmo.

Los jurados juzgan los hechos tanto en casos penales como civiles. En los casos penales, el jurado determina si el acusado es culpable o no culpable de la comisión de un delito. En los casos civiles, el jurado decide disputas relacionadas con dinero, bienes y otras cosas de valor.

Los jueces en el ejercicio de la función judicial no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación la paz social y de seguridad jurídica entre otras cuestiones.

La regla de exclusión probatoria esta llamada a evitar los excesos y violaciones tanto del Estado por medio de la investigación penal, como de los particulares en los otros campos del derecho, porque pese a que esta regla es de origen penal, permea a todos los procesos tanto judiciales como administrativos.

Una objeción es la forma de dejarle saber a el/la juez/a que la evidencia, el testimonio o la pregunta de la otra persona no debería permitirse. Usted puede objetar la admisión de cualquier tipo de evidencia, siempre y cuando su objeción esté basada en las reglas de evidencia de su jurisdicción.

Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Resumen. La razón fundamental del proceso judicial es demostrar la verdad; pero para poder llegar a esa verdad es menester que las partes involucradas en la litis aporten las conducentes.

La valoración probatoria es la apreciación que hace el órgano jurisdiccional de manera libre (de un documento, testigo, peritaje) y lógica de hechos que se pretenden acreditar.

La prueba prohibida es aquella que el legislador señaló directamente que no puede admitirse, sin importar si se respetaron los derechos y garantías de los sujetos inmersos en ella.

El actual Código Federal de Procedimientos Penales reconoce que pueden ser ofrecidos como medios de prueba: la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, confrontación, careos, documentos y todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente y no vaya contra el derecho a juicio ...

En otras palabras, estaremos ante una prueba ilícita o prohibida cuando se obtenga la prueba con violación de una norma constitucional; en cambio, si se incorpora la prueba con violación de una norma procedimental, estaremos ante una prueba defectuosa o irregular.

- Es prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de garantías constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de comunicaciones: por ejemplo, el acta de cateo practicada sin consentimiento del titular o mediante resolución judicial de un juez de garantías, o la intervención de comunicaciones ...

El procedimiento puede ser solicitado por persona física, ya sea por su propio derecho o a través de representante mediante carta poder firmada ante dos testigos, o en caso de ser persona moral, por medio de representante, acreditando su personalidad mediante instrumento público.

Estas son las excepciones de: a) la fuente independiente; b) el nexo causal atenuado; y, c) el descubrimiento inevitable.

El primer saludo debe dirigirse al juez y al abogado contrario. Utiliza un lenguaje formal y respetuoso, dirigiéndote al juez como "Su Señoría" y al abogado contrario por su apellido.

Para una despedida breve vale con Atentamente o Muy atentamente; o también Respetuosamente.

El juez lee la denuncia en voz alta, identifica las pruebas y los testigos, y pregunta si el acusado está listo para proceder, si es así, el proceso comienza.

Entonces, ¿Quién manda más, un juez o un magistrado? El magistrado no tiene más poder que un juez ni tampoco al revés. Los jueces y los magistrados no tienen superiores ni jefes. Únicamente están sometidos al Imperio de la Ley, son totalmente autónomos e independientes a la hora de tomar sus decisiones.

El sueldo base de un juez en España oscila entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, aunque puede ser superior en muchos casos y, además, recibir complementos salariales por antigüedad, responsabilidad, guardias y otros conceptos.