¿Cuánto es lo máximo que se puede subir la renta?

El Gobierno ha establecido un límite temporal y todos los contratos de alquiler de vivienda que se actualicen hasta el 31 de diciembre de 2023 no podrán subir su renta más del 2%, ya que se aplica el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

En este sentido, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un tope de la subida de los alquileres al 2% para lo que queda de 2023, como estaba determinado hasta ahora.

Ahora, el límite se encuentra fijado en el 2% para todas las viviendas en alquiler, pero se trata de una medida temporal que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación, que alcanzó el 8,4% en 2022.

Es decir, a partir de 2024 el índice de actualización de renta será del 3%, por lo que si pagamos 1.000€ al mes, el propietario del inmueble podrá incrementar el precio del alquiler 30€ mensuales (360 euros al año) siempre y cuando no lleguemos a otro acuerdo entre casero e inquilino.

Durante el último año el IPC ha escalado posiciones como no sucedía desde hace tiempo. Sin embargo, según se aprobó a finales de 2022, los alquileres no pueden subir más del 2% a lo largo de 2023.

El monto del alquiler venía teniendo un único ajuste anual, pero con la nueva ley las actualizaciones podrán pactarse "por intervalos no inferiores a 6 meses". Nueva fórmula de ajuste. Para calcular los incrementos ya no se usará el índice ICL creado por la ley de 2020.

Si el aumento en la renta es superior a lo que marca la ley, el inquilino podrá pedir ayuda en la Procuraduría Federal del Consumidor o en un juzgado especialista en materia civil de la Ciudad de México.

¿Cómo avisar al inquilino de la subida del alquiler? La mejor forma de avisar al arrendatario de la subida del alquiler es mediante una notificación escrita que deje constancia fehaciente de tu voluntad. También podrás ponerle una nota en el recibo de pago de la mensualidad anterior.

Cuando el casero necesita la vivienda para vivir él mismo, su expareja o algún familiar de primer grado de consanguinidad, se puede interrumpir el contrato antes de haber finalizado los 3 primeros años, pero siempre después de que haya transcurrido un año desde que se firmó el contrato.

Es decir, todos los contratos de alquiler que cumplan año antes del 31 de diciembre de 2023 solo podrán actualizar su renta con, como máximo, un incremento máximo del 2% (salvo excepciones). Para 2024 el límite se ha fijado en el 3% de subida.

¿Qué pasa cuando un inquilino lleva más de 10 años? No pasa nada.

De acuerdo con el artículo 2448-D del Código Civil de la Ciudad de México las rentas deben pagarse en moneda nacional y su aumento sólo debe aplicarse de forma anual y no exceder de 10 por ciento.

La nueva Ley de Vivienda de 2023 ya ha entrado en vigor. Tras dos años de negociaciones, el 25 de mayo de 2023 se publicaba la normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), haciéndose efectiva a partir del viernes 26 de mayo, 24 horas después de su publicación.

En este caso, el inquilino que no tiene contrato por escrito está obligado a: Pagar la renta en el tiempo y forma acordado con el propietario de la vivienda. A conservar la vivienda en buen estado. Realizar pequeñas reparaciones que sean necesarias debido al uso ordinario de la casa.

El coeficiente Casa Propia incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo igual al 0,9, lo que significa que en lugar de reflejar completamente el promedio de la variación salarial, se toma el 90% de dicho promedio.

Aunque es posible notificar que has procedido a actualizar la renta mediante una nota en el recibo de renta del mes anterior, lo mejor es hacerlo por escrito. Necesitas una carta de actualización de renta para que la nueva renta pueda ser exigible desde el mes siguiente a aquel en que realices la notificación.

En cuanto a la actualización de los alquileres, se introduce un cambio significativo. A diferencia de la ley anterior, que permitía un único ajuste anual, la reforma establece actualizaciones cada seis meses. Esto implica que los inquilinos enfrentarán dos incrementos de precio al año en lugar de uno.

Tiempo de aviso para desistir el contrato

El inquilino debe comunicar su intención de desistir el contrato con una antelación mínima de 30 días y deberá hacerlo mediante un burofax o un escrito que pueda firmar el propietario. Se recomienda que no se apuren los 30 días de antelación.

Artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

Concretamente, en su artículo 11, se especifica que debe avisar al propietario en un plazo de 30 días de antelación.

Un contrato de alquiler de una vivienda permanente es de mínimo cinco años, si es un alquiler entre personas físicas, y de siete años si se lleva a cabo entre personas jurídicas.

Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

5 Derechos básicos del inquilino de una vivienda

En el caso de que el propietario del inmueble que se alquila sea una persona física la duración será de cinco años, mientras que si el propietario es una persona jurídica la duración será de siete años.

Tácita reconducción después del octavo año de alquiler

A este hecho se le llama “tácita reconducción” y quiere decir, que el contrato se renueva automáticamente por un período de un año o de un mes y quedará sometido al Código Civil español y no a la LAU.

Si ha llegado el quinto año y las partes no han dicho nada, el contrato se prorroga por un año (hasta un máximo de tres) y el propietario no puede impedir que el contrato llegue hasta el octavo año. Sólo el inquilino podrá hacer que el contrato interrumpa la prórroga, al final de cada periodo de prórroga.

¿Qué sucede cuando el inmueble está alquilado? La norma general es que el IBI lo debe pagar el propietario, según el artículo 20.1 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), ya que es un impuesto que recae sobre la vivienda o local y este inmueble pertenece al propietario y no al inquilino.

El artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos estipula que los gastos generales, impuestos y servicios de la vivienda en alquiler debe pagarlos el arrendatario.