¿Cuánto puede costar un recurso contencioso-administrativo?

Precio de un recurso contencioso administrativo El precio de los recursos contencioso administrativos depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Por un lado, se pueden imponer unos costes fijos, que serán de 300 euros en el proceso ordinario, y 200 euros si se trata de un proceso abreviado.

El Secretario judicial fijará la cuantía del recurso conten- cioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestación, en los que las partes podrán exponer, por medio de otrosí, su parecer al respecto.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella”.

En concreto, se establece que para aquellos recursos contencioso administrativos interpuestos frente a actos relativos a derechos estatutarios o cuestiones de personal tienen la posibilidad de actuar por sí mismos, es decir, sin abogado ni procurador.

No obstante, existen dos salvedades a esta regla general: - No habrá condena en costas cuando el juez aprecie que el caso presenta serias dudas de hecho o derecho. - Las costas no podrán exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, salvo que el tribunal disponga otra cosa a razón de la complejidad del asunto.

En este caso, deberás presentarte en el juzgado y manifestar por escrito los motivos por los que no debes el importe de la deuda. En este escrito se deben exponer de la mejor forma posible las razones, ya que más adelante deberán ser esos y no otros los motivos que se defiendan durante el juicio.

Audiencia Nacional: la media es de 9,4 meses, aunque en el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede estar por encima de los 18 meses. Tribunales Superiores de Justicia: la media es de 8,6 meses, aunque en el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede estar por encima de los 16 meses.

El recurso contencioso administrativo se presenta cuando se agotan los medios que la Administración ofrece y no se ha tenido éxito en las reclamaciones. Los daños por los que se interpone el recurso, pueden ser ocasionados por acciones o resoluciones de la Administración Pública o por omisión de responsabilidades.

Las fases del procedimiento contencioso-administrativo son: interposición del recurso, el emplazamiento de las partes, demanda y contestación, alegaciones previas, la prueba, la vista y las conclusiones.

Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Actualmente no hay contenido clasificado con este término.

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

¿Dónde se presenta el recurso contencioso administrativo? El escrito, conjuntamente con su anexo documental, se presentarán ante el tribunal especializado en lo contencioso administrativo de la localidad. Es obligatoria la intervención de un abogado, también se puede contar con un procurador.

Un abogado contencioso administrativo ofrece defensa en procedimientos judiciales interpuestos frente a una disposición de carácter general.

El proceso contencioso-administrativo se inicia mediante la presentación del correspondiente escrito. Este escrito deberá identificar el acto que se desee impugnar.

En estos casos el propio juzgado (la Audiencia Nacional) limita las costas a una cantidad que considera razonable, aproximadamente unos 500 euros, tanto en caso de que pierda un lado como el otro.

Consecuencias de no pagar las costas de un juicio

Por lo tanto, en el supuesto de que la parte condenada no pague las costas de un juicio según lo acordado en la sentencia en el plazo de 20 días hábiles de forma voluntaria, el otro litigante puede iniciar un procedimiento de ejecución.

Los gastos a los que se hace referencia, deberán tener carácter profesional o por servicios prestados. Frente a esta solicitud, la tasación de costas la practica el Secretario judicial o Letrado de la Administración de Justicia.

En general, los tribunales consideran que el cliente tiene derecho a ser indemnizado por la pérdida de la oportunidad para presentar y defender su pretensión. Esta pérdida de oportunidad se cuantifica teniendo en cuenta el valor de lo reclamado y la probabilidad de éxito según las circunstancias del caso concreto.

Como ya hemos dicho, en España las costas de un juicio se refiere a los gastos procesales y a los honorarios de abogados y procuradores que se generan durante todo el proceso judicial. En términos generales, se establece como regla general que la parte que pierde sería la encargada de pagar las costas del juicio.

Las Costas Judiciales en general cubren los gastos incurridos en un procedimiento como son honorarios de abogados, procurador y del perito, en caso de ser necesaria y justificada su intervención dentro de un procedimiento judicial.

Sentencia. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Ésta pronunciará ya sea, la inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Es habitual que, aunque la legislación establezca 20 días naturales, el plazo se prolongue un día más hasta las 15:00 horas. Es lo que se conoce como 'día de gracia'. Evidentemente, si ninguna de las partes presenta un recurso de apelación en ese plazo, la sentencia pasa a ser firme de manera automática.

En los juzgados administrativos el término para proferir sentencia será de veinte (20) días siguientes a la fecha en que el expediente haya entrado para fallo.

Las solicitudes resultan desfavorables. Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.