¿Cuántos meses de garantía se pueden pedir?

¿Cuánto se puede pedir de garantía adicional? Según establece el artículo 36 de la LAU, para los arrendamientos de vivienda en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

El importe de la fianza corresponde al equivalente de un mes de renta, pero para otros tipos de alquiler, puede incluir dos meses, como sucede en el caso de los locales comerciales.

Se limitan a dos meses de renta las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario en el momento de firmar el contrato. Anteriormente, el aval o depósito que se podía exigir no tenía límite de cuantía, por lo que podían darse prácticas abusivas.

Puesto que la LAU también establece que además de la fianza inicial de un mes del alquiler, como propietario puedes solicitar una garantía adicional que puede representar hasta dos mensualidades del alquiler.

La garantía adicional es un aval que garantiza una obligación de pago. La ley de Arrendamientos Urbanos permite solicitar al inquilino una garantía adicional a la fianza, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y protegerte ante impago o desperfectos en la vivienda.

Ley de alquileres 2023: ¿cuáles fueron los cambios clave para dueños e inquilinos? Valores sólo en pesos. Frente a la creciente dolarización del mercado de alquileres y a los pagos por adelantado, la ley aclaró que el precio "debe fijarse como valor único, en moneda nacional y por períodos mensuales".

Independientemente de la renta pactada, serán a cargo del arrendatario los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean suceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada.

Un mes de fianza y dos de depósito

A la hora de firmar un contrato de alquiler, lo más habitual es entregar un mes de fianza y un máximo de dos mensualidades más como garantía adicional.

Para los arrendamientos de vivienda, la ley establece que habrá que pagar un mes de renta como fianza. Para los alquileres de locales comerciales, es decir, los arrendamientos de un uso distinto a vivienda, habrá que pagar dos meses.

El propietario está obligado a asumir las reparaciones necesarias para que la vivienda esté en condiciones de habitabilidad. Estas obras no incidirán en el aumento del precio del alquiler. Al propietario le corresponde ocuparse del mantenimiento de suelo, paredes y techos.

Básicamente, de la fianza se pueden descontar impagos, desperfectos y el abandono prematuro del piso. El problema se da cuando suceden algunos casos más conflictivos que llevan a confusión y debate, tales como roturas, pinturas o limpieza.

Según la legislación española, la fianza será equivalente a una mensualidad de la renta en caso de arrendamientos de viviendas y de dos cuando se trate de alquileres para usos distintos. Además, durante los tres primeros años de contrato no será posible actualizar esta garantía.

La garantía es el dinero equivalente a uno o dos meses de alquiler que es devuelto al finalizar el contrato de arrendamiento si el arrendatario cumple con las obligaciones fijadas en el contrato: haber conservado los ambientes u otros.

A través del Decreto 533/2023, estas modificaciones fueron oficializadas por el Poder Ejecutivo y la norma “entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”, es decir, este miércoles 18 de octubre de 2023, y “resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes”, según ...

Esta suma debe restituirse por el arrendador al término del contrato o dentro del plazo fijado de común acuerdo, que generalmente es de 30 días siguientes a la restitución .

Se puede calcular por regla de tres simple, multiplicá el último índice (fecha actual) por 100 y luego al valor obtenido se lo divide por el primer índice, por último al resultado final se le resta 100, de esta manera tenés el porcentaje de aumento que debe aplicarse al valor inicial del alquiler.

A partir del miércoles, la normativa entra en vigencia y establece que los contratos que se firmen deberán ser de tres años de duración, con actualizaciones no menores a los seis meses y calculadas en base al Coeficiente Casa Propia, que se utiliza desde 2021 para los créditos Procrear.

Aumentos cada 6 meses

La nueva ley dispone que los alquileres podrán aumentarse, como mínimo, cada 6 meses. De todos modos, las partes pueden pactar que la actualización se realice en un plazo más largo de tiempo. La ley anterior disponía que los aumentos se produjeran de forma anual.

¿Qué sucede cuando el inmueble está alquilado? La norma general es que el IBI lo debe pagar el propietario, según el artículo 20.1 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), ya que es un impuesto que recae sobre la vivienda o local y este inmueble pertenece al propietario y no al inquilino.

Al alquilar una propiedad, generalmente es el propietario quien asume los impuestos asociados con el inmueble, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Propietario: se encarga del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI), los gastos de la comunidad, el mantenimiento de la caldera, la instalación eléctrica, etc. Inquilino: paga todo aquello que puede medirse con contadores individuales, como puede ser el agua, la luz, el teléfono, Internet, el gas, etc.

La duración del arrendamiento es libremente pactada por las partes pero, si esta es inferior a cinco años, cuando llegue el momento del vencimiento, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar una duración mínima de cinco años si el inquilino lo desea.

Cuando el arrendatario debe el pago de la renta, de los suministros o de pequeñas reparaciones que se deban hacer por el empleo ordinario de la vivienda, es decir, cuando exista alguna deuda con el arrendador en relación al arrendamiento, el casero podrá no devolver la fianza.

En realidad, la Ley ha sido así desde 1994. Fue en el 2018 que se estableció un límite de dos meses para el depósito de la garantía adicional, que antes era ilimitado. Al principio, las inmobiliarias del país pedían, por norma general, la mensualidad obligatoria de fianza y, solo a veces, un avalista.

En principio y como norma general, el arrendador es quien debe hacerse cargo del pago de aquellos arreglos necesarios para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, siguiendo lo dispuesto por el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU):

La responsabilidad de reparar o sustituir los electrodomésticos que se han alquilado con la vivienda recae en el propietario, siempre y cuando la avería sea provocada por el uso normal o el paso del tiempo. Como, por ejemplo: lavadora, secadora, cocina, lavavajillas, hornos, electricidad, paredes, pisos, etc.

El artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aclara que las reparaciones de un inmueble alquilado deberán correr a cargo del propietario.