¿Dónde está establecido el debido proceso?

La Constitución Nacional establece en su artículo 18 los principios fundamentales del derecho al debido proceso: Art.

El debido proceso implica la existencia de un procedimiento desarrollado de conformidad con unos parámetros mínimos en los que se posibilite la defensa, para que finalmente se emitan decisiones justas y en derecho. Toda relación jurídico procesal se desarrolla de esta forma bajo el postulado de audiencia en derecho.

El derecho a ser oída y oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. El derecho a hallarse presente en el proceso. El derecho a no ser sometido o sometida a tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes. El derecho a la protección y asistencia consular, en caso de ser extranjera o extranjero.

Si no se respetan estos derechos (defensa, prueba, motivación), estaremos frente a un procedimiento de cese de vínculo laboral que resulta incompatible con el derecho al debido proceso y que, por ende, determina su inconstitucionalidad y la reposición del trabajador despedido.

De acuerdo con el artículo 12 del propio código Nacional, el principio de juicio previo y debido proceso se refiere a que “ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes ...

Esto quiere decir que en caso de ser una persona acusada de cometer un delito, debo ser oída en un acto transparente y abierto, ante una autoridad que legalmente sea competente para tomar decisiones sobre el caso, que sea imparcial, es decir que no dependa de otra persona y que juzgue conforme a las leyes y sin ...

Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Las formalidades esenciales del procedimiento son aquellos elementos de indisponibilidad jurídica para garantizar la defensa adecuada "antes del acto de privación" y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: (I) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (II) la ...

Conforme a las normas transcritas, la defensa adecuada es una garantía judicial mínima de toda persona imputada por un delito, la cual es indispensable para que exista un debido proceso penal.

Es decir, la vulneración del debido proceso no consiste en la aplicación errónea o incompleta de una norma, sino en que ella repercuta de manera probada y clara en menoscabo de cualquiera de las enunciadas garantías procesales con implicación en el derecho sustancial.

En el proceso, todos los derechos se encuentran en situación de espera, mientras no se produzca la sentencia. Por eso, lo que caracteriza al proceso es la incertidumbre, tanto por parte del actor, como por parte del demandado y también por parte del juez.

Ordenamiento en el que coexisten dentro del mismo territorio estatal diversos sistemas jurídicos que poseen su propio ámbito de vigencia espacial o temporal y, en muchos supuestos, diferentes organizaciones judiciales.

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la de- fensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción.

Los principios procesales pueden clasificarse en: 1 Principios del procedimiento: principio de oralidad, principio de inmediación, publicidad (véase principio de publicidad procesal), principio de concentración y principio de preclusión.

El procedimiento abreviado reduce de cinco audiencias (imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura del fallo) a dos, la concentrada y el juicio oral.

El derecho de defensa es vulnerado cuando cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios para defender sus derechos.

1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada.

La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común donde la +dministración Pública y las personas interesadas deben respetar los siguientes principios: publicidad, oficialidad, celeridad y empleo de medios electrónicos, simplificación administrativa, carácter contradictorio e igualdad de las personas ...

Los procedimientos administrativos se dividen en tres grandes fases: iniciación, instrucción y finalización. En ellos participa el interesado o su representante legal y el órgano administrativo que resolverá el proceso.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se ...

(2018), los principios de procedimiento son el conjunto de creencias, máximas o convicciones teóricas que guían la práctica docente, es decir, son una estrategia por la que el educador o educadora organiza toda su actuación en base a la reflexión y el saber de distintos paradigmas, teorías y autores.

Y por último las formalidades sustanciales son aquellas que de no estructurarse vician el acto administrativo, tales como el preámbulo, el contenido, los argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los recursos procedentes.

Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Es habitual que, aunque la legislación establezca 20 días naturales, el plazo se prolongue un día más hasta las 15:00 horas.

Comprende: a) El derecho a la jurisdicción, o sea, la facultad que tiene toda persona de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado para obtener la tutela de sus derechos.

El imputado en la investigación del delito, es aquella persona que se considera probable su participación en un hecho, no puede llamársele culpable hasta que exista una sentencia firme que así lo determine.