¿Dónde se encuentra el principio de lesividad?

Asimismo, la declaración de lesividad en el Derecho Administrativo encuentra regulación también en el artículo 43.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, “LJCA”), en el marco de las diligencias preliminares del procedimiento contencioso-administrativo.

El principio de lesividad u ofensividad enseña que nadie debe ser perseguido por conductas que no afecten o arriesguen bienes jurídico penales individuales o colectivos. El principio de lesividad u ofensividad posee reconocimiento constitucional explícito en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal.

Suficiencia de una conducta para lesionar el bien jurídico protegido, en términos tales que la intervención del derecho penal se encuentre legitimada.

La lesividad es la figura jurídica que el derecho administrativo ha contemplado para que la administración pueda demandar la nulidad de un acto administrativo que ha generado derechos; se caracteriza por el desconocimiento que de ella tienen los funcionarios de las administraciones públicas y los ciudadanos que son ...

La declaración de lesividad se adoptará por: el órgano de cada administración competente en la materia si este proviene de la Administración General del Estado o de las CCAA y, por el Pleno de la Corporación Local o, si no existiera este, por el órgano colegiado superior de la entidad, en el caso de que el acto ...

La declaración de lesividad, o declaratoria de lesividad, en el Derecho administrativo, es un acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales un acto previamente dictado por ella misma, que es favorable a los interesados, con el fin de poder solicitar ...

El término de caducidad de la acción de lesividad es el de dos años contados a partir de la expedición de los actos administrativos conforme lo señala el numeral 7 del artículo mencionado.

El juicio de lesividad es un procedimiento administrativo especial, iniciado por la Administración Pública para revocar o nulificar un acto administrativo dictado por la misma autoridad, por error o que perjudique al fisco.

El procedimiento de lesividad acaba con una resolución que sólo habilita a la Administración a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el acto declarado lesivo.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se notificó el acto administrativo. También podrá terminar por caducidad.

El plazo para interponer recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad (apartado 5 del art.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

«Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artícu- lo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el …

​​ Esta acción tiene caducidad, es decir, que vence en los dos años, contados a partir del día siguiente a la notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. La acción de nulidad y restablecimiento sólo puede ser realizada por la persona cuyo derecho ha sido lesionado.

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

El acto administrativo luego de notificado y con base en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quedará en firme a partir del día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos ó desde el día siguiente al del ...

Constituye el medio de impugnación con que cuenta la autoridad demandada para inconformarse por una sentencia definitiva, que dicta una sala y que resulta contraria a los intereses de dicha autoridad, y el cual tiene como objetivo confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida.

¿Cuál es la principal diferencia entre nulidad y anulabilidad? La principal diferencia entre nulidad y anulabilidad radica en sus efectos jurídicos. Los actos nulos carecen de validez y no producen efectos jurídicos, mientras que los actos anulables pueden tener efectos hasta que se declare su anulación.

TRÁMITE DE AUDIENCIA (Artículo 82): Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Artículo 16.

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

Contestación de peticiones: La autoridad u órgano competente vendrá obligado a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. El silencio tendrá efecto desestimatorio (art.

El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece una relación de actos administrativos, que han de ser motivados obligatoriamente, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

En definitiva, con carácter general la obligación de compulsar los documentos por parte del Registro General de una Administración Pública surge cuando el interesado necesite aportar un documento a una instancia o solicitud que vaya a presentar en dicho Registro y que deba acompañar a éstas.

El citado artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contiene las normas esenciales sobre el procedimiento de revisión de actos nulos, que en lo demás se rigen por las disposiciones del título IV de la misma Ley, “De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común”.

Son actos que agotan la vía administrativa: a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo ne- gativo."