¿Dónde se recoge el principio de legalidad?

El apartado 1 del artículo 25 proclama como derecho fundamental el principio de legalidad penal extendiéndolo al Derecho administrativo sancionador. Una tradicional manifestación del garantismo que se expande a otro ámbito donde se pueden producir limitaciones de derechos.

El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el orden jurídico mexicano artículos 103 y 107 de la propia Constitución.

El art. 25.2 CE dispone que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción social del sujeto. La política penal y penitenciaria ha de ser diseñada tomando en consideración esta declaración constitucional.

El tercer apartado (art 9.3CE) recoge una serie de principios que informan el planteamiento de las normas jurídicas en el ordenamiento y actuación de los poderes públicos: Principio de legalidad: todos los poderes públicos están sujetos a la ley, es decir, nadie puede actuar en contra de la Ley.

En el artículo 25 encontramos una concreción del principio de legalidad en el ámbito sancionador.

El Principio de legalidad es un principio jurídico fundamental utilizado por la mayoría de los estados de derecho modernos, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad o arbitrio de personas particulares o mandatarios.

Se refiere al conocimiento, cumplimiento y respeto de las leyes por convicción, donde se reconoce que éstas aseguran el bienestar de la sociedad. La legalidad se encuentra estrechamente vinculada a la justicia que tiene como finalidad resguardar los derechos y garantizar las libertades de cada persona.

El artículo 25.1 de la Constitución Española: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

Artículo 55.2 Suspensión INDIVIDUAL para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Artículo 18, apartados 2 (domicilio inviolable) y 3 (secreto de las comunicaciones).

Artículo 25

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Artículo 16.

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1. ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Artículo 9.2 de la Constitución española: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ...

Se vulnera el principio de legalidad material en un sentido negativo cuando incorrectamente se considera que una conducta supuestamente delictiva proviene de un hecho que no reviste carácter penal.

En resumen, “los fiscales tienen la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.”

Los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico.

Conforme lo expuesto, los principios de legalidad y tipicidad buscan prevenir acciones arbitrarias por parte de funcionarios públicos en perjuicio de los ciudadanos, garantizando de esta manera derechos fundamentales como el del debido proceso, seguridad jurídica y fundamentalmente el derecho a la buena administración.

Principio de Legalidad.

Por tanto se establece una exigencia de reserva absoluta de ley que en el orden de las sanciones administrativas, en cuanto a la regulación de las infracciones y sanciones administrativas, se traduce por la necesidad de una cobertura de la potestad sancionadora en una norma de rango legal.

En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los Poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado.

El artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 establece que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable.

El artículo 105 de la Constitución establece una reserva de ley en tres ámbitos diferenciados: la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso a los archivos y registros administrativos; y, finalmente, la audiencia del interesado en el ...

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Artículo 48 de la Constitución Española: Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.