¿Dónde se regula la vía de hecho?

En el ámbito contencioso-Administrativo español se regula por vez primera en la vigente Ley 29/98, cuya Exposición de Motivos destaca como novedad «el recurso contra las actuaciones materiales en vía de hecho.

Actuación de la Administración realizada sin competencia o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.

La vía de hecho dentro de un proceso judicial se configura cuando la decisión transgrede el ordenamiento jurídico de manera ostensible, por lo tanto, no es acorde a la naturaleza del asunto y el sentido del proceso queda distorsionado a tal punto que afecta las garantías constitucionales de alguna de las partes ...

Es toda acción de un poder público al margen norma alguna, en violación del principio según el cual todo poder público sólo puede hacer lo que le permita el ordenamiento jurídico. Ejemplo: «La alcaldía al cerrar ese local sin procedimiento alguno cometió una vía de hecho».

El recurso contencioso-administrativo se encuentra regulado en el Título III, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa (arts. 25 al 42).

Es toda acción de un poder público al margen norma alguna, en violación del principio según el cual todo poder público sólo puede hacer lo que le permita el ordenamiento jurídico. Ejemplo: «La alcaldía al cerrar ese local sin procedimiento alguno cometió una vía de hecho».

Error sobre los hechos que justifican una decisión. En general, el error de hecho debe combatirse por medio de la prueba necesaria practicada conforme a los requisitos legales según el tipo de procedimiento.

5.3.1 Supuestos Fácticos.

Se refiere a los hechos, en otras palabras, los sucesos que originan el evento analizado, para el presente el acto terrorista.

Una vez la Administración que dictó el acto determine la inadecuación del mismo al ordenamiento jurídico y a los intereses generales, se acordará la declaración de lesividad por el órgano competente de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Hay desviación de poder cuando el acto aun siendo formal y sustancialmente acorde a la ley, sin embargo no lo es desde el punto de vista de la intención con la que es dictado, por cuanto la administración al dictarlo no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordada la facultad para hacerlo.

«Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico» ( LJCA , art. 70.2, y LPAC , art. 48.1 ).

El acto presunto o silencio administrativo es una figura peculiar en el Derecho Administrativo. Aunque no constituye una declaración de voluntad explícita por parte de la Administración, el ordenamiento jurídico lo trata como un acto legítimo que otorga los mismos efectos que un acto expresado de manera directa.

Adm. Aplicación directa e inmediata de la fuerza para proteger el interés general perturbado por alguna situación de hecho, aunque no se haya decretado un acto administrativo que haya sido incumplido.

Los actos administrativos impugnables pueden ser expresos o presuntos (por efecto del silencio administrativo), que pongan fin a la vía administrativa. También puede impugnarse la inactividad de la Administración, y sus actuacio- nes materiales que constituyan vía de hecho.

(i) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

Procedimiento o acción permitidos por el ordenamiento jurídico para ejercitar un derecho.

Circunstancia, estado o condición que se da sin las formalidades de ley.

El procedimiento contencioso-administrativo abreviado es aquel por cuya tramitación se sustancian los recursos contencioso-administrativos que versan sobre materias muy específicas. Concretamente: (i) Para las cuestiones de personal de las Administraciones Públicas. (ii) Sobre extranjería.

Se trata de un recurso que, ceñido a causas tasadas y referido a actos que han ganado firmeza administrativa, ha de ser objeto de una interpretación estricta, debiendo rechazarse todo propósito dirigido a concebirlo como un recurso ordinario sin limitación de cognitio o conocimiento del asunto.

El error de hecho es el conocimiento equivocado o la ignorancia que se tiene sobre los elementos del acto jurídico o sus circunstancias externas. El error de Derecho es el conocimiento equivocado o la ignorancia que se tiene del Derecho objetivo o del derecho subjetivo.

7. Para los efectos de este examen interesa en particular la distinción entre el error de derecho, que se refiere a la existencia, naturaleza o extensión de los derechos que son objeto del negocio jurídico7, y el error de hecho, que concierne a modificaciones del mundo exterior.

El defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una ...

Son aquellos que son constituidos por una sola hipótesis.

La imputación es la vinculación entre un hecho (el objeto de la norma) y una persona (sujeto de la norma) realizada sobre la base de una norma16; por consiguiente, la imputación se materializa con proposiciones fácticas que, por un lado, afirman un hecho punible; y por otro, imputan este hecho a un sujeto.

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible.

El término de caducidad de la acción de lesividad es el de dos años contados a partir de la expedición de los actos administrativos conforme lo señala el numeral 7 del artículo mencionado.