¿Qué autoridad inicia el procedimiento administrativo sancionador?

Forma de iniciación. 1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

El procedimiento administrativo sancionador (PAS) inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargos al funcionario investigado, la cual contiene una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracciones administrativas, las normas que tipifican dichos actos y las sanciones que ...

El procedimiento sancionador se inicia de oficio dentro del plazo de tres meses a contar desde que se notifique la liquidación o resolución de la que traiga causa.

8 pasos del proceso sancionador especial:

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario.

El proceso comienza con la notificación oficial al empleado acusado. En esta etapa, se detallan las presuntas infracciones y se proporciona el tiempo necesario para preparar la defensa.

El procedimiento administrativo sancionador es la serie de pasos que utilizan las administraciones públicas para ejercer su potestad sancionadora, que consiste en el ejercicio de actos administrativos como consecuencia de una conducta ilícita o mal infligido hacia un organismo del Estado.

El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos.

El procedimiento administrativo sancionador es entendido, en primer término, como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción.

En específico, explicó las tres etapas de este procedimiento: investigación preliminar, fase instructiva y fase sancionadora; así como los plazos correspondientes.

Solo son impuestas por la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento sancionador. Necesidad de considerar responsable al sujeto al que se impone la sanción, ya se trate de un acto de negligencia, culpa o en dolo.

El Procedimiento Administrativo Sancionador Especial se inicia con la notificación al administrado del documento de imputación de cargos, el cual es efectuado por la autoridad competente.

Adm. Procedimiento simplificado en el que se reducen plazos y eliminan trámites no esenciales, que puede tramitarse únicamente para imponer sanciones por infracciones administrativas leves. Su plazo máximo de duración es de un mes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) en su título IX regula la potestad sancionadora.

244- Caducidad de la potestad sancionadora. La potestad sancionadora caduca cuando la administración pública no ha concluido el procedimiento administrativo sancionador en el plazo previsto por este Código. Esto no impide la iniciación de otro procedimiento mientras no opere la prescripción.

La potestad sancionadora de la administración prescribe a los 4 años computados a partir de la comisión de la conducta infractora, conforme establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo que exista norma especial que establezca otro plazo.

Concluida la fase instructora, el órgano competente para resolver (que será diferente al instructor) adoptará la resolución que proceda, acordando la sanción a imponer o el archivo del procedimiento.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

Se distinguen cuatro etapas o fases del proceso: (i) indagación previa, (ii) investigación disciplinaria, (iii) cierre de la investigación y evaluación y (iv) etapa de juzgamiento. La indagación previa tiene lugar cuando se requiere establecer la identidad de quien se va a investigar.

Las sanciones aplicables a aquellas personas que mantienen vínculo laboral: a) Amonestación. b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, hasta por un año. c) Destitución o Despido.

La potestad sancionadora del Estado, o ius puniendi, es el poder del Estado para imponer la ley a los ciudadanos. Se trata de la facultad para hacer valer el imperio de la ley y se expresa tanto en el ámbito judicial como en el poder ejecutivo.

El plazo máximo de duración fijado por la norma es de nueve (9) meses. Dicho plazo, como veremos más adelante, al momento de comentar lo referido al cómputo del plazo de caducidad, puede ampliarse de manera excepcional por tres (3) meses adicionales.

¿Qué es una falta administrativa? Son faltas administrativas los actos u omisiones realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que contravengan con las disposiciones legales. Las faltas administrativas se clasifican en no graves y graves.

Las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita o falta de ética por parte de un funcionario. Implican un mal infligido a la administración y, por o tanto, un procedimiento administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88º de la Ley, en el procedimiento disciplinario las únicas sanciones a imponer son la amonestación, la suspensión y la destitución, las cuales son impuestas por las autoridades sancionadoras competentes y no por el Secretario Técnico.

Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

Entonces, solo en los casos de procedimientos administrativos iniciados a petición de parte, como lo son las reclamaciones, la carga de la prueba se encontraría bajo responsabilidad del administrado, quién es, finalmente, el interesado en demostrar que una decisión no ha sido fundada en derecho y hechos.