¿Qué dice el artículo 18.1 de la Constitución?

Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas involucradas en un proceso cuando un despacho judicial publica en internet, sin restricciones de acceso, piezas procesales que hacen referencia a su vida privada.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

1. En el artículo 17 se prevé el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación.

¿Qué pasa si el acusado se niega a declarar? - Quora. En un juicio penal, al ser el acusado no puede ser de otra manera q un juicio penal, la Constitución le da el derecho de no declarar para no correr el riesgo en una declaración de inculparse así mismo, puesto q es ilegal y puede anular todo el proceso.

El Principio de Inocencia: Siendo que nuestra Constitución Nacional afirma que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin ´juicio previo´ fundado en ley anterior al hecho del proceso, ninguna duda cabe en el sentido que ese ´juicio previo´ es el que debe dar paso a una condena penal, sólo posible cuando quien ...

Un delito contra la intimidad personal se refiere a cualquier acción que atente contra la privacidad o intimidad de una persona, especialmente en lo que respecta a su imagen, voz, datos personales o información sensible.

El derecho a la privacidad, y en particular, a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se encuentra reconocido en el artículo 16 constitucional, así como en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La violación de un derecho económico, social o cultural ocurre cuando el Estado incumple su obligación de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esos derechos sin discriminación o cuando no satisface su obligación de respetar, proteger o hacerlos cumplir.

Artículo 9.2 de la Constitución española: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ...

El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención.

Artículo 87

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

En este sentido y acudiendo a las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española (en adelante DRAE), la “privacidad” es el “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión” y la “intimidad” es la “zona espiritual íntima (entendido lo íntimo como lo más interior o interno, ...

El derecho a la intimidad consiste en la defensa de la persona en su totalidad a través de un muro que prohíbe publicar o dar a conocer datos sobre temas como la religión, la política o la vida íntima.

Respeta la existencia de espacios privados, el desarrollo de relaciones de confianza y/o las decisiones sobre quién entra en esos espacios de vida, evitando situaciones que generen excesivo pudor.

Según el artículo 242, CPPN: “No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado.”

La norma general del IRPF dice que no tienen obligación de declarar los contribuyentes que obtengan rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador, en cuyo caso el límite anterior baja a los 15.000 euros, según la Ley de Presupuestos de 2023.

Las personas exentas de acudir ante el juez, pero no de declarar son: El Presidente y los demás miembros del Gobierno. Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado. El Presidente del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, las consecuencias de una denuncia falsa son: Pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito grave. Pena de multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito menos grave. Pena de multa de 3 a 6 meses si se imputa un delito leve.

se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena a una persona con meras sospechas, sin pruebas o prescindiendo de ellas; cuando se presume la culpabilidad del imputado, imponiéndole la carga del onus probandi, de su inocencia; (...); como también cuando se condena en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o ...

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

De manera que si somos víctimas de un delito de invasión a la privacidad, podemos recurrir a la vía penal para denunciarlo. Cabe señalar que los delitos contra la intimidad son delitos privados, por lo que solo la víctima puede hacer la denuncia correspondiente.

Tipos de privacidad

Prescripción del delito de revelación de secretos

Siguiendo la norma general del artículo 131 del Código Penal, el delito de revelación de secretos prescribe a los 5 años, ya que la pena prevista es inferior a 5 años.

Artículo 28. - El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca.