¿Qué dice el artículo 32 de la LAU?

Artículo 32. Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador.hace 4 días

El artículo 34 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que si no existe pacto en contra en el contrato, el arrendatario tendrá derecho a una indemnización por extinción del arrendamiento de local de negocio (no es aplicable a viviendas), siempre y cuando se den los requisitos que señala la propia ...

Artículo 36 LAU. Fianza. Artículo 36: A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

Independientemente de la renta pactada, serán a cargo del arrendatario los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean suceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada.

Artículo 20.

En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su superficie. Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato.

Actualización de la renta. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes.

Empecemos por el Artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el cual nos dice indudablemente que el responsable de pagar las reparaciones de una casa de alquiler es el arrendador o el casero siempre y cuando sean para conservar y garantizar las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Como indica el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la duración mínima del alquiler siempre se pacta libremente por ambas partes. Si es inferior a 3 años de duración, se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el alquiler alcance una duración mínima de 3 años.

El art. 25.8 LAU establece que: “En los casos en los que se haya pactado dicha renuncia, el arrendador deberá comunicar al arrendatario su intención de vender la vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del contrato de compraventa”. Este artículo se incluyó en la Ley 4/2013.

El artículo 31 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) extiende a los usos distintos de vivienda el derecho de adquisición preferente. De modo que el arrendatario puede aplicar lo dispuesto en el art. 25 LAU, teniendo derecho a intervenir en la transmisión del inmueble arrendado.

En alquileres de vivienda la subida anual en 2023 está limitada al 2%. Si toca actualizar entre septiembre y diciembre, la subida a aplicar es el 2%. Para las actualizaciones a realizar en 2024 el límite es del 3%, con las observaciones que le exponemos.

Propietario: se encarga del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI), los gastos de la comunidad, el mantenimiento de la caldera, la instalación eléctrica, etc. Inquilino: paga todo aquello que puede medirse con contadores individuales, como puede ser el agua, la luz, el teléfono, Internet, el gas, etc.

¿Qué sucede cuando el inmueble está alquilado? La norma general es que el IBI lo debe pagar el propietario, según el artículo 20.1 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), ya que es un impuesto que recae sobre la vivienda o local y este inmueble pertenece al propietario y no al inquilino.

Asimismo, la última Ley de Arrendamientos Urbanos entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2023, tras aprobarse la Ley 12/2023, de 24, también conocida como “Ley por el derecho a la vivienda”.

"Estos son básicamente los gastos que corresponden a cada una de las partes salvo que se recoja expresamente lo contrario en el contrato,", explican desde Pelegrí Abogados.

Tras su modificación en marzo de 2019, la LAU cuenta con 5 títulos y 40 artículos, además de un preámbulo, que se estructuran de la siguiente manera: Ámbito de ley – 5 artículos.

El coste de la reparación como norma definitoria.

Cuando una reparación cuesta 700€ o 2000€, será el propietario quien se hará responsable. Si la cuantía está por debajo de los 200€ aproximadamente, corresponde al inquilino.

La Ley de Vivienda de 2023 fue aprobada y entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Desde su implementación, ha introducido cambios significativos en el panorama inmobiliario español, afectando tanto a propietarios como a inquilinos.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, establece numerosas medidas respecto al arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los artículos 30 y 31, en varias Disposiciones Adicionales y Transitorias, y en sus Disposiciones ...

Que el artículo 14 bis de la CONSTITUCION NACIONAL determina que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral, y entre sus componentes se incluye el acceso a una vivienda digna.

Es un tema un poco ambiguo así que sigue leyendo para entenderlo mejor. Se considera que una vivienda posee condiciones inhabitables si existe algún tipo de riesgo a tu salud, por ejemplo, la presencia de cucarachas o algún tipo de animal que pueda transmitir enfermedades.

La Ley Federal de Vivienda Justa respalda los derechos civiles y protege los derechos del inquilino actual y a las personas que están solicitando rentar, de ser discriminados por los siguientes motivos: Raza. Género. Etnia.

Para ello, debe comprobar y acreditar la posesión pública, cuando haya habitado más de 10 años en un predio y ejercer todas las actividades como dueño, en ese momento puede adelantar un proceso judicial para que lo declaren formalmente como propietario del inmueble.

Si el inquilino no paga, habrá que interponer una demanda de desahucio para desalojarle, firmada por un abogado y un procurador. Una vez que el juzgado admita la demanda a trámite, se notificará al inquilino y se fijará una fecha para el desahucio, momento en el que deberá devolver las llaves y desalojar la vivienda.

En otras palabras, el contrato de arrendamiento no puede ser utilizado para entregar bienes de uso público para su aprovechamiento, quedando abierta la posibilidad a que se utilicen otras fórmulas contractuales o unilaterales, como el contrato de concesión o la expedición de licencias o permisos para ese efecto.

La ley que se aplica al mercado de los alquileres en España es la LAU. Esta ley se ocupa de proteger los contratos privados de arrendamiento entre los arrendadores (propietario, casero, etc.) y los arrendatarios (inquilino, ocupante, etc.), para alquilar cualquier tipo de inmueble en suelo urbano.

El propietario ya es quien, según la nueva Ley de Vivienda aprobada en abril, está obligado a asumir los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato de arrendamiento, en todos los casos.