¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución?

Artículo 33. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

Hacer algo "por el artículo 33" supone que no hay razonamientos ni explicaciones, que hay que cumplir la orden sin rechistar y sin discusión posible. Desde luego, no es la manera más democrática de hacer las cosas.

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 39

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución... Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho.

¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales están garantizados en la Constitución española. Se recogen en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I de la Constitución española, abarcando del artículo 15 al 29, y a ellos se les suma el 30.2.

Conforme a esta clasificación, distinguió tres tipos de Constituciones, que identificó como normativas, nominales y semánticas.

La Constitución se estructura en Preámbulo, 169 artículos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.

Artículo 35.

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

Artículo 87

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 40

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Artículo 9.2 de la Constitución española: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ...

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Artículo 5. La capital del Estado es la villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instru- mento fundamental para la participación política.

El derecho de petición se puede definir como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención.

El artículo 49 de la Constitución establece "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los ...

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

El derecho a la vida, un derecho de todo ser humano

De forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo. Por lo tanto, desde su nacimiento, todos los niños tienen derecho a una vida protegida.

Los derechos humanos se identifican por su vinculación al derecho interna- cional, y los fundamentales por su reconocimiento por el derecho interno y su ubicación en la Norma Suprema. En este sentido es posible sostener que los derechos fundamentales y los derechos humanos constituyen dos categorías distintas.

El texto de este artículo dice exactamente lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por ello, probablemente los derechos fundamentales propiamente dichos sean los que se encuentran regulados entre los artículos 14 a 29 de la Constitución Española, entre los que se reconocen los siguientes derechos: derecho o cláusula general de igualdad, derecho a la vida y a la integridad física y moral, libertad ...hace 3 días

Se trata de una constitución monárquica, ya que la forma política del Estado Español es una monarquía de tipo parlamentario. Es integradora y consensuada. Cuenta con los derechos fundamentales de carácter inviolable e inherente.

La Constitución Española de 1978 es el centro del sistema político y del ordenamiento jurídico de España.