¿Qué dice el artículo 34 del Código Penal?

Art. 34. - No son punibles: 1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

El artículo 34 del Código Penal español establece los casos en los que no se reputarán penas como por ejemplo en la detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.

“6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.

El artículo 57 CP permite, en una serie de delitos que enumera y recoge en su texto, acordar la prohibición de que el reo vuelva al lugar en que haya cometido el delito o que acuda a aquél en que resida la víctima o su familia si fueren distintos.

Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días."

Legítima defensa privilegiada. Se presume también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado.

La legítima defensa es una causa de exclusión de la antijuricidad. Es decir, es una causa eximente de responsabilidad penal que se aplica cuando se realiza una acción punible para impedir o repeler una agresión ilegítima a una persona o a derechos, ya sean propios o ajenos.

“El exceso en la legítima defensa sólo se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá de lo necesario para evitar el peligro que ésta implica.” Este “más allá” se configura por un exceso en los efectos producidos en quien se repele la agresión y la proporcionalidad de los métodos para la defensa.

Primer presupuesto: agresión ilegítima. Se trata de un comportamiento dirigido a lesionar o poner en peligro un bien legalmente protegido, donde el adjetivo ilegítimo es utilizado en el texto legal para calificar a la agresión de ilícito e injusto, contrario al orden jurídico.

ARTÍCULO 23. CULPA. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.

Artículo 82. .

- La citación a los militares y empleados oficiales, o particulares en alguna rama del servicio público, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que el éxito de la tramitación requiera que no se haga así.

Se añade el artículo 31 bis, que tendrá la siguiente redacción: «1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

Artículo 5.

No hay pena sin dolo o imprudencia.hace 4 días

Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria.

El art. 74, Código de Procedimiento Penal señala los delitos en los que es necesario la querella para ejercer la acción penal. “Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad: 1.

Dicho máximo con carácter general no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente el límite se podía extender hasta los 25 o 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de penas de hasta o superiores a 20 años.

La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión.

A la persona privada de su libertad que se fugue, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, esta pena se incrementará en un tercio cuando la persona obre de concierto con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciere violencia en las personas.

Artículo 209 Ter. - Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación.

Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código o para obtener algún beneficio económico.

Actualmente el artículo 368 del Código Penal Federal indica que es equiparable al delito de robo, el uso o aprovechamiento de la energía eléctrica sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos.

4. ¿Qué bienes jurídicos se pueden defender? En principio todos los bienes jurídicos son defendibles mediante legítima defensa; aunque en la mayoría de los casos se presenta ante hechos que ponen en riesgo la vida y la propiedad de quien se defiende.

Es decir, son dolosos aquellos delitos que se cometen a conciencia, siendo el autor completamente consciente de la acción que se lleva a cabo. Un delito doloso es un hecho punible que se comete con intención de producir un daño en una persona.

En términos generales, el concepto de “miedo insuperable” alude a una emoción de aflicción producida por un estímulo externo suficientemente intenso que es percibido como una amenaza real.

Las excluyentes del delito son aquellas circunstancias que eliminan cualquiera de esos elementos (conducta, tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad), e impiden que se integre el delito.

Los bienes jurídicos que tutela el derecho penal son los más necesitados de protección por el valor que representa el objeto de tutela como son la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud entre otros.