¿Qué dice el artículo 7 del Código Contencioso Administrativo?

Artículo 7. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos señalados en el artículo 103.1. 2.

Plazo de resolución: Un mes. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender desestimado el recurso. Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en el plazo de dos meses, (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Los actos administrativos impugnables pueden ser expresos o presuntos (por efecto del silencio administrativo), que pongan fin a la vía administrativa. También puede impugnarse la inactividad de la Administración, y sus actuacio- nes materiales que constituyan vía de hecho.

Las fases del procedimiento contencioso-administrativo son: interposición del recurso, el emplazamiento de las partes, demanda y contestación, alegaciones previas, la prueba, la vista y las conclusiones.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento.

Las costas judiciales son las que suponen el abono de los honorarios de los abogados y procuradores, que como hemos explicado, son GRATUITAS PARA LOS AFILIADOS DE JUPOL. demandante, puede ser también condenada la administración.

Sentencia. La sentencia se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Ésta pronunciará ya sea, la inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Las solicitudes resultan desfavorables. Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.

El recurso contencioso administrativo se interpone cuando existe un conflicto entre un ciudadano y una Administración pública que produce perjuicio o lesiona derechos o intereses legítimos de la persona. Este recurso legal es útil para que el tribunal emita resoluciones que pongan fin a la situación.

Recurso de apelación

Se trata de uno de los recursos contra sentencias contencioso-administrativas más significativos de la LJCA. Es un recurso ordinario y devolutivo contra autos y sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 67 a 77 de la LJCA, el procedimiento contencioso-administrativo puede finalizar por alguna de las siguientes modalidades: (i) Desistimiento del demandante. (ii) Allanamiento del demandado. (iii) Satisfacción extraprocesal de la pretensión.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema resuelve en sede casatoria. Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia, el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo.

El plazo es de dos meses: frente a las disposiciones generales y los actos expresos que ponen fin a la vía administrativa (vid. Art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses.

Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

El artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que la notificación por aviso se debe realizar al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación a notificación personal sin que ésta última se haya podido efectuar.

(i) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

Está dividido en dos partes: la Parte Primera abarca el procedimiento administrativo y trámites como el derecho de petición, los mecanismos de consulta previa, el procedimiento administrativo sancionatorio y los mecanismos de publicación y citación; la Parte Segunda abarca el campo de lo contencioso administrativo la ...

En concreto, se establece que para aquellos recursos contencioso administrativos interpuestos frente a actos relativos a derechos estatutarios o cuestiones de personal tienen la posibilidad de actuar por sí mismos, es decir, sin abogado ni procurador.

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. b) El recurso contencioso-disciplinario militar.

sí resulta aplicable a las costas procesales en el proceso contencioso-administrativo el límite de un tercio de la cuantía del pleito que establece el artículo 394.3 LEC y, en su caso, si dicho límite puede fijarse en la propia sentencia o debe establecerse en la posterior tasación de costas."

No obstante, existen dos salvedades a esta regla general: - No habrá condena en costas cuando el juez aprecie que el caso presenta serias dudas de hecho o derecho. - Las costas no podrán exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, salvo que el tribunal disponga otra cosa a razón de la complejidad del asunto.

En principio, con independencia de si hay condena en costas o no en el procedimiento, cada parte deberá correr en un principio con el pago de los gastos que tenga en ese procedimiento. Por tanto, se tendrá que abonar los honorarios a su abogado, a su Procurador y a los peritos contratados.

Los elementos que debe seguir el juzgador para formalizar una sentencia por escrito son los siguientes:

A partir de ahora los ciudadanos que quieran recurrir en un proceso civil o contencioso tendrán que abonar 800 euros (hasta ahora la tasa estaba fijada para las personas jurídicas en 300 euros). Si el recurso es de casación ante el Tribunal Supremo la cantidad sube a los 1.200 euros (hasta ahora eran 600 euros).