¿Qué es control concentrado en el Perú?

El control concentrado en el Perú Facultad constitucional concedida al Tribunal Constitucional (al conocer procesos de inconstitucionalidad) y al Poder Judicial (al conocer procesos de acción popular), para expulsar del ordenamiento jurídico a aquellas normas que contravienen la Constitución.

Es la potestad que tiene todo juez de la República, en los asuntos sometidos a su consideración, de señalar que una norma jurídica de cualquier categoría, bien legal o sub legal, es incompatible con el texto constitucional, procediendo dicho juzgador, bien de oficio o a instancia de parte, a desaplicar y dejar sin ...

el poder de control es difuso, pues se distribuye entre varios órganos judiciales ordinarios; y un segundo tipo, en el cual, por el contrario, ese poder de control es concentrado, en virtud de que se centraliza en un solo órgano judicial”¹¹.

El control difuso de constitucionalidad consiste en aplicar las normas constitucionales a casos concretos (tradicionalmente no se podía, porque los jueces sólo podían aplicar las normas de su jurisdicción, por ejemplo, en este caso, sólo el Código Penal local, aunque fuera inconstitucional); el control difuso de ...

Definición. "El control mixto es una combinación del difuso y concentrado; al tiempo que existe un órgano con funciones de control de tipo abstracto y concentrado, el resto de los tribunales puede realizar un examen incidental y difuso, por el que pueden inaplicar una ley inconstitucional."

En el sistema concentrado, el control se ejerce en vía directa, ante un órgano especial y a través de un planteo abstracto en el que se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una ley.

Al respecto, en el sistema peruano tenemos un TC que ejerce el control de constitucionalidad concentrado sobre la ley, de manera exclusiva y excluyente, a través del proceso de inconstitucionalidad, siendo que sus decisiones tienen alcances generales, ya que la dejan sin efecto (ver los artículos 201, 200.4 y 204 de la ...

Actualmente, esta forma de control consiste en la interpretación conforme de las normas y su no aplicación cuando se concluya que contravienen a la Constitución federal, o las disposiciones en materia de derechos humanos previstas en los tratados internacionales celebrados por México.

El Control Difuso propiamente dicho, define que ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, ha de prevalecer esta última; esta facultad para un sector respetable de la doctrina solo ha sido encargada a jueces.

Es clásica la distinción formulada por los procesalistas italianos Piero CALAMANDREI y Mauro CAPELLETTI, entre los dos grandes sistemas de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes: el sistema difuso o americano y el sistema concentrado o austríaco.

ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN" y "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN".

Los derechos difusos son derechos cuya titularidad no es individualizable, sino que pertenecen a todos en tanto miembros de la humanidad.

El control como tal se acuñó en un voto concurrente individual del juez Sergio García Ramírez en la sentencia del caso Myrna Mack Chang contra Guatemala, pero en una sentencia del pleno de la Corte se adopta por primera vez en la sentencia del caso Almonacid Arellano contra Chile.

Potestad del Tribunal Constitucional, ante una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante él, de declarar no conforme con la Constitución cualquier ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza que infrinja por acción u omisión una disposición de la Carta Magna.

Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto la salida no interviene en la acción de control; mientras que en los de lazo cerrado si se va a requerir conocer la salida para ejercer el control del sistema.

Los medios de control constitucional de orden jurisdiccional son el Juicio de Amparo; las Acciones de Inconstitucionalidad; las Controversias Constitucionales; el Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales; y el Juicio de Revisión constitucional, todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional ...

El control difuso de convencionalidad consiste en el deber de todas las autoridades nacionales de realizar un examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte que interpreta ese corpus iuris ...

Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe ...

En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano que se erige como tribunal de control concentrado de la Constitución, a partir de la reforma de 1987, y posteriormente en 1994 en donde se ampliaron los supuestos de procedencia y se implementaron otras formas de control de la constitucionalidad, incluso ...

La constitucionalidad como régimen político es la supremacía de la Constitución sobre la ley. La Constitución es ley para el legislador y no puede confiarse del todo en que el cuerpo legislativo, por estímulos morales y respeto a la opinión, guarde invariable respeto a las prohibiciones que la Constitución impone.

° 1836, del Tribunal Constitucional, establecen tres tipos de control: el control de la normatividad; el control del ejercicio del poder político y el control del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías cons- titucionales.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en materia de control constitucional, adopta un sistema mixto, es decir, una fusión del sistema americano o difuso y del sistema austríaco o concentrado.

En un Estado democrático como el nuestro, el control de constitucionalidad es de vital importancia porque con ello se hace prevalecer el principio de supremacía constitucional y se ejerce un control de acción sobre el poder ejecutivo frente a las garantías de los ciudadanos.

Todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción, es decir, tanto los Tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional, son competentes para controlar la constitucionalidad de la ley y para defender los derechos y libertades.

El control de convencionalidad y el control de constitucionalidad tienen un parámetro de control diferente y un objetivo o finalidad propia. Mientras el primero busca asegurar la primacía convencional (1.1), el segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional (1.2).

Ante cualquier contradicción, ya sea formal o material, de una norma de rango de ley, se puede usar el control difuso o concentrado.

El Derecho comparado se ocupa de determinar similitudes y diferencias entre los sistemas u ordenamientos jurídicos vigentes en los Estados y de la dinámica de articulación.