¿Qué es el control de Justicia?

Potestad que tienen todos los tribunales del país de determinar el apego a la Constitución de cualquier norma que sea sometida a su conocimiento.

CONCEPTO: El control jurisdiccional constitucional tiene por objeto defender el contenido de la Ley Fundamental, es decir, del principio de supremacía constitucional; en aras de que no existan actos o normas de carácter general que lo contradigan o transgredan.

El objetivo de estos juicios de control de constitucionalidad es revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades se apeguen al texto constitucional vigente. Las acciones de inconstitucionalidad reclaman la inconstitucionalidad de una norma general.

La rama judicial del poder público constituye una pieza central en el funcionamiento del Estado y está encargada fundamentalmente de aplicar las normas para proteger los derechos, el cumplimiento de obligaciones y en general de solucionar conflictos para garantizar una convivencia pacífica.

La función del control es vigilar la observancia y respeto de las limitaciones. Una forma efectiva y permanente de establecer limitaciones es por medio del derecho, tanto en la Constitución como en la ley, los decretos o los reglamentos, en virtud de su fuerza obligatoria.

El Juez de Control calificara de legal la detención, presenciara la formulación de la imputación, vinculará a proceso al imputado señalara medidas cautelares para garantizar que se cumpla la sentencia en el caso de dictarse, guiara la audiencia intermedia y dictara auto de apertura a juicio oral; resoluciones que son ...

El juez de control. El juez de juicio oral. El juez de ejecución de sanciones.

Todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción, es decir, tanto los Tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional, son competentes para controlar la constitucionalidad de la ley y para defender los derechos y libertades.

El control difuso de constitucionalidad consiste en aplicar las normas constitucionales a casos concretos (tradicionalmente no se podía, porque los jueces sólo podían aplicar las normas de su jurisdicción, por ejemplo, en este caso, sólo el Código Penal local, aunque fuera inconstitucional); el control difuso de ...

El control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana se traduce como la manera en que el Estado hará frente a sus obligaciones en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos.

Existen dos tipos de justicia: la justicia tradicional y la justicia moderna.

En nuestro derecho la doble instancia es una garantía procesal. Esta garantía de doble instancia está representada por Cámaras de Apelaciones, en general. La tercera instancia está representada por los Superiores Tribunales y Cortes provinciales. Y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La primera dice que la justicia es un «Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece»; también viene definida en segundo lugar como «Derecho, razón, equidad»; la tercera acepción es «Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene».

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. Para Robbins (1996) el control puede definirse como "el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa" (p.

El control lleva a la dominación y con ello pueden aparecer o darse situaciones de abuso, crítica o extorsión a otras personas para no perder ese poder sobre las situaciones, tenga o no que estar en nuestra mano.

El objeto Control representa un control de un formulario, un informe o una sección que están dentro de otro control o adjuntos a otro control.

Corresponde al Poder Judicial impartir justicia de manera pronta, completa, gratuita, independiente e imparcial, por tribunales que estarán expeditos para ello, y sus magistrados, jueces y demás miembros de la carrera judicial estarán sometidos únicamente al mandato legal.

Los jueces tienen la misión de tomar decisiones que afectan a la sociedad. Deciden quién es culpable y quién es inocente: son los árbitros de la justicia. Es una gran responsabilidad, y no siempre es fácil. Tienen que ser capaces de tomar decisiones imparciales aunque vayan en contra de sus prejuicios personales.

El juez o jueza es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia.

Conocer de manera general las tres etapas que conforman el proceso penal acusatorio: la etapa de investigación, intermedia y la etapa de juicio oral.

La acusación particular puede ser ejercida por el perjudicado por un delito, ya sea una persona física o jurídica. Deberá comparecer en el juicio por medio de procurador y abogado y comenzará el procedimiento con una querella, aunque también podrá personarse en el procedimiento una vez que haya comenzado.

Demandado y Acusado:

En un caso civil, el demandado es la persona contra quien se presenta una demanda. En un caso penal, el acusado es la persona a quien se le acusa de cometer un delito.

Sus tareas son: Control de la constitucionalidad de los Tratado internacionales y de las leyes. Resolver los conflictos de competencias entre las instituciones centrales del Estado (Legislativo, ejecutivo, judicial); Resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (regiones).

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

En sentido lato, el control de constitucionalidad es el procedimiento a tra- vés del cual determinados órganos del Estado comprueban si ciertos actos lícitos de los poderes públicos están conformes con la Constitución, decidiendo su anulación o inaplicación en caso contrario.

El control difuso es una atribución del juez, que lo obliga a ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema, por ende, no hay legitimación para su realización.

Los derechos difusos son derechos cuya titularidad no es individualizable, sino que pertenecen a todos en tanto miembros de la humanidad.