¿Qué es el debido proceso y en qué consiste?

El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.

❖El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener en cuenta ...

Derecho humano compuesto a su vez por un conjunto de otros derechos cuyo objeto es garantizar que toda persona sea tratada justamente en un proceso judicial o administrativo. Ejemplo: «Al no tener el imputado acceso a un abogado, no sólo se violó su derecho a la defensa sino también su derecho al debido proceso».

En materia penal y según el régimen, el debido proceso tiene las siguientes etapas:

Si no se respetan estos derechos (defensa, prueba, motivación), estaremos frente a un procedimiento de cese de vínculo laboral que resulta incompatible con el derecho al debido proceso y que, por ende, determina su inconstitucionalidad y la reposición del trabajador despedido.

El debido proceso únicamente resulta lesionado si se demuestra una actuación que implique desconocimiento o merma de las correspondientes garantías, de modo tal que por razón de esa violación se afecten derechos sustanciales de cualquiera de las partes.

Dice el artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actua ciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes pree xistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las for mas propias de cada juicio.

El debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio.

El derecho de defensa es vulnerado cuando cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios para defender sus derechos.

sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia. presente antes de la admisión de la demanda o bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida.

Las garantías constitucionales del debido proceso son efectivos mecanismos de protección al ciudadano (servidor público) que se enfrenta al ejercicio de las potestades sancionadoras, en un procedimiento administrativo disciplinario.

En el proceso, todos los derechos se encuentran en situación de espera, mientras no se produzca la sentencia. Por eso, lo que caracteriza al proceso es la incertidumbre, tanto por parte del actor, como por parte del demandado y también por parte del juez.

El proceso consiste fundamentalmente en llevar el litigio ante el juez o en desenvolverlo en su presencia. Es decir, el proceso no es el litigio, sino que lo reproduce o lo representa ante el juez. El litigio no es el proceso pero está en el proceso.

Se denomina derecho complejo a aquel derecho cuyo contenido es un conjunto de derechos.

El resuelto es un acto administrativo a través del cual se toman medidas de carácter interno en las entidades públicas por la autoridad a cuyo cargo está la toma de decisiones en esos despachos".

Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

En términos generales el Debido Proceso ha sido considerado como un principio jurídico procesal o sustantivo que le otorga a toda persona el derecho a un cúmulo de garantías mínimas, encaminadas a proporcionar un resultado objetivo y ecuánime dentro del proceso.

La expresión “debido proceso” pone énfasis en el proceso en sí, mientras que la de “tutela jurisdiccional efectiva” lo hace en la protección que el proceso puede dar.

Las actuaciones judiciales son los actos jurídicos procesales, más o menos solemnes, realizados por o a través de tribunal, por las partes, los terceros o auxiliares de la administración de justicia, de las cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizadas por un ministro de fe.

El principio de necesidad de la prueba

Es así como el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 dispone que toda determinación debe fundarse en prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuación.

De acuerdo con lo anterior, podemos definir el principio de permanencia de la prueba como el principio en virtud del cual, toda prueba allegada o practicada en la etapa de pre investigativa o investigativa debía hacer tránsito a la etapa de juzgamiento en donde tendría plena validez y debería ser valorada al momento de ...

EL DEBIDO PROCESO, como garantía innominada de la libertad y como derecho subjetivo público de todo ciudadano, con raigambre en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, exige que exista cierta sustancial y razonable relación entre el acto y la Constitución, la ley y los principios constitucionales de igualdad ...

El imputado en la investigación del delito, es aquella persona que se considera probable su participación en un hecho, no puede llamársele culpable hasta que exista una sentencia firme que así lo determine.

Derecho humano por el que toda persona, durante un juicio o procedimiento administrativo, puede defenderse adecuadamente de cualquier alegato, acusación o prueba que se establezca en su contra. Es uno de los derechos que, a su vez, integran el derecho al debido proceso.

Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.

“ACTO RECLAMADO, NEGACION DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.”

Con base en lo anterior, puede definirse al acto reclamado como la conducta de la autoridad, presuntamente considerada como violatoria de garantías individuales o de la distribución de com- petencias entre la Federacibn, los Estados o el Distrito Federal, reclamable a través del juicio de amparo.