¿Qué es el decaimiento administrativo?

¿Qué es el decaimiento? Según el máximo Tribunal, consiste en “(…) la extinción de un acto administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo” 1.

El decaimiento de los actos administrativos es una figura en virtud de la cual se predica que estos, a pesar de no haber sido anulados por sentencia judicial, pierden su fuerza ejecutoria. Esa pérdida de fuerza ejecutoria es consecuencia de la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho.

Esta se entenderá agotada cuando hayan transcurrido más de quince días hábiles desde la fecha de la presentación del reclamo, sin que los organismos correspondientes hayan dictado resolución firme".

Sin embargo, los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria cuando: (I) son suspendidos provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, (II) desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho, (III) transcurren 5 años desde la fecha en que quedaron en firme y la administración no los ejecuta, ...

Son nulos los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente; los de contenido imposible; los constitutivos de infracción penal; los dictados con omisión total y absoluta del procedimiento establecido; aquellos por los que se ...

218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado.

El recurso de reposición es un medio potestativo de impugnación de actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y se encuentra regulado en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo sucesivo LPAC.

- Agotamiento de la vía administrativa La resolución del Tribunal del Servicio Civil que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta, agotan la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso alguno. Contra las decisiones del Tribunal, corresponde interponer demanda contencioso administrativa.

La vía administrativa se agota cuando se deciden todos los recursos administrativos, por decisión del último y más alto de ellos, en contra del recurrente, todo según expresa disposición del artículo 18, 1 antecitado.

“ARTÍCULO 93.

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

Son cuatro: a) La presunción de validez. b) La imperatividad u obligatoriedad. c) La irretroactividad.

3.1 La nulidad podrá ser declarada aún cuando el acto administrativo haya quedado consentido y sólo si se agravia el interés público5. 3.2 El plazo para declarar la nulidad es de un año, contado a partir de la fecha en que el acto administrativo haya quedado consentido.

Ejemplos de actos nulos

Cuando un ayuntamiento otorgue una licencia de obra prescindiendo del trámite de alegaciones. Cuando se adopta un acuerdo de un órgano colegiado sin respetar el quórum de votación establecido. Cuando un acto sea dictado como consecuencia de un delito de cohecho.

Entre las personas que pueden solicitar la nulidad, conforme al artículo 1683, figuran todos los que tengan interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

sanciones administrativas prescribe en tres años.

¿Cuáles son las causales de nulidad del acto administrativo? La contravención al ordenamiento, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez y los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma.

Un acto administrativo es firme cuando ya no cabe recurso alguno contra el mismo, ni recurso administrativo (ante la Administración) ni recurso contencioso-administrativo (ante los tribunales).

Precio de un recurso contencioso administrativo

El precio de los recursos contencioso administrativos depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Por un lado, se pueden imponer unos costes fijos, que serán de 300 euros en el proceso ordinario, y 200 euros si se trata de un proceso abreviado.

Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en concreto los artículos que van del 112 al 126, hay tres tipos de recursos administrativos: el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión.

(i) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

Mediante la Resolución, la Administración pone fin al procedimiento y decide sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados a lo largo del expediente y aquellas otras derivadas del mismo.

Consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 112 a 122.

El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses.

Los procedimientos administrativos se dividen en tres grandes fases: iniciación, instrucción y finalización.

Estos conceptos son similares en cuanto tiene como finalidad eliminar una decisión administrativa proferida por la misma entidad que la expidió, pero son disímiles en cuanto a sus efectos, ya que la revocatoria tiene efectos el pasado, la derogatoria tiene efectos hacia el futuro.

Derogar es la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto.

Derogar. Es la abolición, anulación o revocación parcial de una norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior y que implica que no sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. Es decir, se refiere a la supresión de algún pasaje de la ley o decreto.