¿Qué es el plazo de resolución?

Lapso de tiempo en el cual debe ser necesariamente notificada la resolución de los procedimientos económico-administrativos que, con carácter general, no puede ser superior a un año desde la interposición de la reclamación económico-administrativa.

Es el estado al que pasa el expediente una vez haya sido resuelto en un sentido u otro por el Órgano Colegiado correspondiente.

Obligación de resolución expresa

– El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes desde su interposición.

La obligación de resolver de la Administración

El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses.

el artículo 42.3 de la Ley 30/92 establece el inicio del cómputo de los plazos para resolver, distinguiendo entre los procedimientos iniciados de oficio y a instancia de parte. así en los procedimientos iniciados de oficio el plazo se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.

La resolución de problemas es el proceso mediante el cual encuentras una solución para un problema o conflicto específico. Existen muchas soluciones posibles para resolver un problema, por lo que es importante aplicar un proceso de resolución de problemas que nos lleve a encontrar la mejor solución.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

El silencio administrativo positivo. En el supuesto de que la Administración Pública no resuelva expresamente el procedimiento en el plazo legalmente previsto al efecto cuando haya sido iniciado a solicitud del interesado, por regla general se producirá la estimación del mismo por silencio administrativo positivo.

Último acto del expediente administrativo previo a la resolución. En particular, en el procedimiento sancionador, último acto de acusación formal de la Administración cuya notificación al acusado satisface su derecho a ser informado de la acusación.

La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.

La norma general que establece el artículo 24 es que el silencio es positivo y será negativo cuando una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea o un derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.

Los días hábiles administrativos son los que se observan en el calendario. Se cuentan de lunes a viernes, dispuestos para la jornada habitual a fin de realizar las actividades laborales o administrativas. Sábado y domingo entran en los días de descanso o inhábiles.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

En efecto: si por ejemplo es feriado un viernes, el próximo día de nota será el lunes, y el siguiente el martes, y luego el viernes.

1. Adm. Último acto del expediente administrativo previo a la resolución. En particular, en el procedimiento sancionador, último acto de acusación formal de la Administración cuya notificación al acusado satisface su derecho a ser informado de la acusación.

La resolución es a menudo usada para expresar la aprobación o desaprobación del cuerpo de algo que no pueden votar de otra manera, debido a la materia que es dirigida por otra jurisdicción, o protegida por una constitución.

Las resoluciones son las decisiones que adopta la autoridad pública y constituye una manifestación de voluntad dirigida hacia los ciudadanos, de importancia de primer orden.

las clasifica en tres clases: «providencias de trámite», «sentencias interlocutorias» y «sentencias definitivas».

Por ejemplo, si recibimos la notificación el lunes día 2 de Marzo, y nos dice que el plazo es de dos meses, el cómputo terminará el día 2 de mayo. Si casualmente el día 2 de mayo es sábado, un día inhábil, entonces el plazo finalizará definitivamente al día hábil siguiente, es decir el lunes.

Así, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores establece que “una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada por silencio administrativo”.

No existe obligación de resolver:

En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

Ante estas circunstancias, las alternativas de las que dispone el ciudadano son las siguientes:

En virtud del denominado silencio administrativo positivo la ley contempla que la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable.

Resolución. Es un acto procesal emanado por un tribunal, mediante el cual se resuelve una controversia originada entre las partes, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas específicas.

Propuesta motivada, formulada por el instructor del procedimiento sancionador por faltas graves y muy graves una vez concluso el expediente, en la que fija con precisión los hechos, su valoración jurídica, si son constitutivos de falta, con indicación de cuál sea esta, la responsabilidad del expedientado y la sanción a ...