¿Qué es el principio de legalidad en el derecho administrativo?

Adm. Principio que impone el sometimiento de la Administración a la ley, y el ejercicio de las potestades administrativas de acuerdo con las atribuciones concretas y específicas establecidas en las leyes.

Este es el principio de legalidad jurídico: la ley rige el acontecimiento, el acontecimiento se sujeta a la ley y nunca esperamos que el acontecimiento viole la ley; sería antijurídico. De modo que entendemos que todo acto de autoridad debe ajustar su actuación al orden legal. , p. 943.

Los principios del Derecho Administrativo constituyen la base de esta rama del derecho. Son constantes subyacentes en el ordenamiento jurídico que deben ser tenidas como guías para la interpretación y aplicación de las normas del Derecho Administrativo, y deben ser aplicados en caso de ausencia de norma legal.

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Conforme lo expuesto, los principios de legalidad y tipicidad buscan prevenir acciones arbitrarias por parte de funcionarios públicos en perjuicio de los ciudadanos, garantizando de esta manera derechos fundamentales como el del debido proceso, seguridad jurídica y fundamentalmente el derecho a la buena administración.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Se refiere al conocimiento, cumplimiento y respeto de las leyes por convicción, donde se reconoce que éstas aseguran el bienestar de la sociedad. La legalidad se encuentra estrechamente vinculada a la justicia que tiene como finalidad resguardar los derechos y garantizar las libertades de cada persona.

El artículo 25.1 de la Constitución Española: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Protegen los derechos humanos, en la convivencia de las personas como parte de una sociedad.

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Las sanciones administrativas solo son impuestas por la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento sancionador. Necesidad de considerar responsable al sujeto al que se impone la sanción, ya se trate de un acto de negligencia, culpa o en dolo.

Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Adm. Condición de la sanción impuesta mediante una resolución firme en vía administrativa, esto es, no susceptible de recurso administrativo alguno, ni de alzada ni de reposición, y que es por ello ejecutiva.

El tercer apartado (art 9.3CE) recoge una serie de principios que informan el planteamiento de las normas jurídicas en el ordenamiento y actuación de los poderes públicos: Principio de legalidad: todos los poderes públicos están sujetos a la ley, es decir, nadie puede actuar en contra de la Ley.

En el artículo 25 encontramos una concreción del principio de legalidad en el ámbito sancionador.

Artículo 10.

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas del ordenamiento jurídico.

La Legalidad proporciona un marco normativo que establece las reglas básicas de convivencia, mientras que la Justicia se encarga de velar por la correcta aplicación de estas leyes y asegurar que los derechos de los individuos sean protegidos.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGE QUE LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA Y LA IMPARCIALIDAD EN SU APLICACIÓN.

⇨ Parte dogmática: Esta es muy importante ya que habla de los principios básicos y de los derechos y deberes fundamentales. Tiene un título preliminar y el Título I. ⇨ Parte orgánica: hablan de los órganos superiores del Estado. Son todos los demás títulos de la Constitución.

1. Adm. Facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de las administraciones públicas.

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM - La prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho operan frente a sanciones de la misma naturaleza. En razón de la sentencia penal condenatoria, a juicio del actor no podía ser sancionado disciplinariamente, so pena de violar el principio del non bis in idem.

Para promover una cultura de la legalidad, es importante partir de estos principios:

Definimos a la cultura de legalidad como un conjunto de normas, valores, creencias y acciones cuyo objetivo principal es estimular a que las personas no solo crean, sino también confíen y defiendan el Estado de Derecho.

Naturaleza jurídica del amparo

Regularidad legal: Cuando un acto de autoridad se ajusta a la ley que lo regula. Regularidad constitucional: Cuando el acto, norma u omisión se ajusta a la Constitución. Regularidad formal: Cuando se satisfacen los aspectos de forma que rigen al acto. Regularidad material.

Artículo 17.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.