¿Qué es interponer recurso de alzada?

Consiste en recurrir los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo (el órgano superior jerárquico del que los dictó).

Consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 112 a 122.

Podrás interponer el recurso de alzada en el plazo de 1 mes si el acto fuera expreso, es decir, si te lo hubieran notificado. Si el acto no fuera expreso, lo podrás interponer en cualquier momento a partir del día siguiente al día en que comenzaran los efectos del silencio administrativo.

En el caso de los recursos de alzada el plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de tres meses (artículo 42 y 115 .

El recurso de Alzada, es la vía que tiene el contribuyente para impugnar un acto definitivo de las Administraciones como ser: Resoluciones determinativas. Resoluciones sancionatorias. Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos.

El precio total del servicio de Interposición de un Recurso de Alzada es de 299€ (incluye la tasa oficial obligatoria de 76,39€ y los impuestos sobre honorarios).

La resolución del recurso de alzada

Tras abrir el expediente correspondiente, el superior jerárquico tiene que resolver el recurso y notificarlo en el plazo máximo de tres meses. Si no lo hace, se produce el citado silencio administrativo, que será automáticamente denegatorio.

Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

Acto procesal por el que la parte interesada formaliza determinados recursos contra resoluciones judiciales, como el recurso de casación para la unificación de doctrina, el recurso de reposición o de reforma, etc.

El silencio administrativo puede ser negativo o positivo. El primero se produce cuando transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición, no se notifica decisión que la resuelva (art. 40 C.C.A.); el segundo opera solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales (art.

El silencio administrativo resulta ser una ficción legal que podría definirse como la estimación o desestimación tácita que la ley liga a la asuencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

En la vía administrativa, existen tres clases de recursos administrativos, a saber: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Ante estas circunstancias, las alternativas de las que dispone el ciudadano son las siguientes:

El recurso de alzada, reiteramos, se interpone frente a los actos que NO pongan fin a la vía administrativa. Sin embargo, el recurso de reposición únicamente podrá interponerse frente aquellos que SÍ pongan fin a la vía administrativa.

Si el órgano administrativo que ha dictado el acto (sin importar el contenido del mismo) no tiene un superior jerárquico, se entiende que su resolución pone fin a la vía administrativa.

¿Quién puede interponer un recurso administrativo? Sólo podrán entablar recursos los interesados que acrediten estar legitimados para ello.

El silencio administrativo positivo se da cuando no existe una respuesta por parte de la Administración, resolviéndose la resolución a favor de la petición del ciudadano.

Por último, contra la resolución de un recurso de alzada, no procede ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos dispuestos taxativamente en el artículo 125.1 de la LPACAP.

Para que el silencio administrativo positivo surta efectos jurídicos se debe protocolizar a través de una escritura pública ante una notaría.

El plazo empieza a contar a partir del día siguiente de la puesta a disposición de la notificación, y finaliza el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.

"2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Se puede realizar de manera telemática a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado.

Precio de un recurso contencioso administrativo

El precio de los recursos contencioso administrativos depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Por un lado, se pueden imponer unos costes fijos, que serán de 300 euros en el proceso ordinario, y 200 euros si se trata de un proceso abreviado.