¿Qué es una omisión administrativa?

Ocurre cuando una autoridad pública se abstiene de actuar, cuando por ley está obligado a hacerlo, afectando los intereses de una persona o de un grupo. Ejemplo: «La ausencia de respuesta a la solicitud de un servicio públicos constituye una omisión administrativa«.

La inactividad administrativa podemos definirla, a grandes rasgos, como la pasividad de la Administración en relación a una prestación o actuación concreta que debe de ejecutar. Asimismo, cuando no lleve a cabo o materialice sus propios actos.

Hay desviación de poder cuando el acto aun siendo formal y sustancialmente acorde a la ley, sin embargo no lo es desde el punto de vista de la intención con la que es dictado, por cuanto la administración al dictarlo no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordada la facultad para hacerlo.

Dos son los efectos que el silencio administrativo negativo produce. En primer lugar, la desestimación de las pretensiones del interesado y, en segundo lugar, la posibilidad de recurrir la resolución tácita mediante el recurso contencioso-administrativo.

Así, la estimación por silencio administrativo se considera como un acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo, mientras que la desestimación por silencio permite al interesado interponer los recursos administrativos o contencioso-administrativos que en su caso correspondan.

El artículo 43º del TUO establece que, «Son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano incompetente; contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico; dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la ley.»

El acto administrativo es nulo cuando carece de alguno de los requisitos de validez, según ya hemos señalado. Sin embargo, la Ley señala que la nulidad puede evitarse si se presenta alguno de los supuestos de conservación del acto administrativo previstos en el artículo 14 de la Ley.

Son nulos los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente; los de contenido imposible; los constitutivos de infracción penal; los dictados con omisión total y absoluta del procedimiento establecido; aquellos por los que se ...

La norma general que establece el artículo 24 es que el silencio es positivo y será negativo cuando una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea o un derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

¿Cuánto tiempo es el silencio administrativo? El plazo máximo para responder ante una petición por parte de la Administración es de tres meses en la mayoría de casos. Sin embargo, existen circunstancias en las que este plazo puede ampliarse hasta los seis meses.

El silencio administrativo puede ser negativo o positivo. El primero se produce cuando transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición, no se notifica decisión que la resuelva (art. 40 C.C.A.); el segundo opera solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales (art.

El silencio administrativo surge para permitir al administrado el acceso a los recursos administrativos y jurisdiccionales en el caso de que la administración no resuelva el procedimiento del que es parte.

El silencio administrativo es un fenómeno que la ley contempla con la finalidad de proteger el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, para los casos en los que la Administración no se pronuncie frente a peticiones o recursos interpuestos por los administrados, generando un acto ...

Lo característico del silencio es la inactividad de la Administración cuando es obligada a concluir el procedimiento administrativo de forma expresa y a notificar la resolución al interesado dentro de un plazo determinado.

Un acto administrativo de carácter general, para sacarlo del ordenamiento jurídico, es anulable a través de la jurisdicción contenciosa en acción de nulidad, de conformidad con lo preceptuado por el art. 137 de la ley 1437 de 2011.

La interposición de un recurso administrativo es el único modo en que el administrado pueda invocar la nulidad del acto administrativo.

El mismo artículo también prevé que la declaración de nulidad pueda ser deman- dada por el Ministerio Público y que, asimismo, puede ser declarada de oficio por el Juez cuando resulte manifiesta (nulidad expresa o textual).

sanciones administrativas prescribe en tres años.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136-2, establece, como regla general, que la acción de nulidad con restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

Impugnación de Actos Administrativos. Las formas de impugnación de los actos administrativos tienen por objeto modificar, reemplazar, anular o revocar en sede administrativa un acto administrativo por el cual una persona se siente menoscabada. La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa.

La nulidad tiene su origen en diversas causas, entre las que se pueden men- cionar las siguientes: 1) Ausencia de consentimiento. 2) Incumplimiento en las formalidades del acto jurídico. 3) Ausencia de causa que da origen al acto jurídico.

3.1 La nulidad podrá ser declarada aún cuando el acto administrativo haya quedado consentido y sólo si se agravia el interés público5. 3.2 El plazo para declarar la nulidad es de un año, contado a partir de la fecha en que el acto administrativo haya quedado consentido.

Ejemplos de actos nulos

Cuando un ayuntamiento otorgue una licencia de obra prescindiendo del trámite de alegaciones. Cuando se adopta un acuerdo de un órgano colegiado sin respetar el quórum de votación establecido. Cuando un acto sea dictado como consecuencia de un delito de cohecho.

El silencio hace que el ciudadano no se quede sin contestación. Sea de manera expresa o presunta, se obtiene una respuesta. Y, ¿en qué plazo tiene que resolver la Administración? El plazo general es de 3 meses, pero puede llegar a los 6.

En virtud del denominado silencio administrativo positivo la ley contempla que la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos presentados por los ciudadanos tenga efecto como si la autoridad las hubiera resuelto de manera favorable.

Una cafetería solicita a la administración la instalación de una terraza. En caso de que la administración no se pronuncie, se considerará la petición desestimada, ya que la colocación de dicha terraza supone la ocupación de un espacio público. Por tanto, estaríamos hablando de silencio administrativo negativo.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.