¿Qué es uso distinto de vivienda?

Definición. Aquel que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial un uso distinto del destinado a satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario.

El contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda, es aquel que recae sobre un edificio pero que no tiene por finalidad primordial la de satisfacer la necesidad permanente del arrendatario de vivir en ella.

Artículo 3.

1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.

Con carácter general se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. (…).”. La vivienda habitual se configura desde una perspectiva temporal que exige una residencia continuada durante al menos tres años.

La ley que se aplica al mercado de los alquileres en España es la LAU. Esta ley se ocupa de proteger los contratos privados de arrendamiento entre los arrendadores (propietario, casero, etc.) y los arrendatarios (inquilino, ocupante, etc.), para alquilar cualquier tipo de inmueble en suelo urbano.

- El artículo 4, apartado 3, que puntualiza que los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen, en primer lugar por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título II (artículo 29 al 35); y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código civil.

El artículo 34 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que si no existe pacto en contra en el contrato, el arrendatario tendrá derecho a una indemnización por extinción del arrendamiento de local de negocio (no es aplicable a viviendas), siempre y cuando se den los requisitos que señala la propia ...

Independientemente de la renta pactada, serán a cargo del arrendatario los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, así como sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean suceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada.

¿Qué sucede cuando el inmueble está alquilado? La norma general es que el IBI lo debe pagar el propietario, según el artículo 20.1 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), ya que es un impuesto que recae sobre la vivienda o local y este inmueble pertenece al propietario y no al inquilino.

No se considera arrendamiento de vivienda el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten, ni el uso de las viviendas militares, de la casa de labor o de las viviendas universitarias.

Por lo general, la administración tiene tres opciones de saber cuál es tu lugar de residencia: mediante el registro de empadronamiento, a través del domicilio fiscal registrado en Hacienda o consultando el consumo en tus suministros.

Multa por no reinvertir en vivienda habitual

Además, se podría aplicar una multa por no cumplir con el plazo establecido. El importe de la multa dependerá de las regulaciones fiscales y las circunstancias específicas de cada caso, pero en general se considera que es una cantidad equivalente al 20% del impuesto debido.

Según la legislación española, un matrimonio puede tener dos viviendas habituales en ciertas circunstancias. Esto se refiere a casos donde ambos cónyuges tienen motivos legítimos para residir en diferentes lugares debido a actividades económicas, laborales o familiares.

Asimismo, la última Ley de Arrendamientos Urbanos entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2023, tras aprobarse la Ley 12/2023, de 24, también conocida como “Ley por el derecho a la vivienda”.

Artículo 32.

Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador.

La Ley de Vivienda de 2023 fue aprobada y entró en vigor el 26 de mayo de 2023. Desde su implementación, ha introducido cambios significativos en el panorama inmobiliario español, afectando tanto a propietarios como a inquilinos.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es un conjunto de normas legales que regulan el derecho inmobiliario. Por lo tanto, su función es la de regir toda materia vinculada con la vivienda y el alquiler, aunque sea para uso turístico o comercial.

¿Cuántas fianzas se pueden pedir como máximo? Entonces, ¿es legal pedir dos meses de fianza? Resumiendo lo comentado anteriormente, son 3 las mensualidades del alquiler que cómo máximo puedes pedir al inquilino: una fianza inicial y dos mensualidades adicionales.

En este sentido, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un tope de la subida de los alquileres al 2% para lo que queda de 2023, como estaba determinado hasta ahora.

Artículo 20.

Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

Según el artículo 21 de la LAU es el arrendador quien está obligado a realizar y sufragar (sin que pueda aumentar el precio del alquiler por ello) las obras y reparaciones necesarias para el mantenimiento y conservación de la vivienda o inmueble (excepto cuando el arrendatario sea culpable de los desperfectos).

Actualización de la renta. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes.

Si quieres saber más sobre los cambios que supone la nueva Ley, no dejes de leer nuestro artículo sobre las principales claves de la Ley de Vivienda. En resumen, la nueva Ley de Vivienda en España, en líneas generales, no afecta retroactivamente a los contratos de alquiler firmados antes de su entrada en vigor.

Con la nueva Ley, el inquilino pagará lo que se haya establecido en el contrato de alquiler, por ejemplo, el IBI, si es lo que ambas partes han pactado. También, generalmente, deberá abonar los suministros.

Propietario: se encarga del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI), los gastos de la comunidad, el mantenimiento de la caldera, la instalación eléctrica, etc. Inquilino: paga todo aquello que puede medirse con contadores individuales, como puede ser el agua, la luz, el teléfono, Internet, el gas, etc.

Sin embargo, si no pagamos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a tiempo podemos llegar a tener que abonar recargos de hasta un 20%. En algunos casos, los más graves, incluso, se puede llegar al embargo del inmueble u otros bienes.