¿Qué hace un abogado concursal?

Un abogado concursal es un profesional del derecho especializado en derecho mercantil y concursal. Su función principal es asesorar a las empresas en situación de insolvencia financiera y llevar a cabo el procedimiento concursal para garantizar la viabilidad de la empresa.

La figura del abogado concursal es la de un profesional que ofrece asesoramiento legal en asuntos relacionados con la financiación de deudas, con las negociaciones extra-judiciales para liquidar deudas, con los concursos de acreedores, con empresas en quiebra, etc.

Un experto en derecho concursal puede cobrar de media alrededor de 41.600 € anuales en un despacho nacional.

Se limita la duración del procedimiento concursal a doce meses, si bien el juez podrá acordar una ampliación del plazo si fuera necesario en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir.

El procedimiento concursal es aquel que se inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia, no pudiendo hacer frente a sus deudas. Tiene como objetivo negociar y llegar a un acuerdo entre acreedores y deudor. El primero de los requisitos por lo tanto es la existencia de un deudor.

La retribución de los administradores concursales corre a cargo de los acreedores, y se encuentra regulada por la ley. Para determinar su importe, se tiene en cuenta el pasivo y el activo del deudor y la complejidad estimada del proceso.

La resolución será publicada en el BOE y en el Registro Público Concursal, con un llamamiento a los acreedores que representen al menos el 5% del pasivo. En un plazo máximo de 15 días, los acreedores pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

Es el proceso al que se somete una empresa con crisis de deudas para cumplir las obligaciones que tiene con sus acreedores, de acuerdo a ley.

Ser abogado en ejercicio con un mínimo de cinco años de experiencia profesional o bien economista o auditor de cuentas. Poseer formación específica acreditada en derecho concursal. Figurar inscritos en la lista de administradores concursales que se realizan anualmente. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil.

En un concurso de acreedores, quien cobra primero es el último acreedor con quien se haya contraído una deuda. Por extraño que parezca, no se pagan primero las viejas deudas. Normalmente son los últimos acreedores, o las deudas más recientes, lo que se salda primero.

Por norma general, cuando finaliza un concurso de acreedores, la persona jurídica, es decir, el deudor deberá asumir la cancelación de su inscripción en los registros públicos, mientras que la deuda contraída que no ha podido asumir, quedarían como canceladas o condonadas.

Una vez finalizado el Procedimiento Concursal, se llevará a cabo la disolución y extinción de la entidad jurídica, y se cerrará su inscripción en el Registro Mercantil. También se producirá la remisión o condonación de las deudas pendientes.

El plazo de prescripción para una deuda por el impago de cualquier tipo de suministros (agua, luz, teléfono, etc.) es de 3 años.

Existen dos procedimien- tos concursales: el procedimiento ordinario (PO)y el procedimiento preventivo (PP). El ingreso al PO puede ser solicitado por acreedores o deudores de la empresa insolvente, y concluye cuando la Junta de Acreedores (JA) aprueba un Plan de Reestructuración o un Convenio de Liquidación.

A un deudor con problemas para pagar sus obligaciones se le aplica la Ley General del Sistema Concursal. Ella le da a los acreedores el derecho de reunirse en una Junta y decidir qué hacer con el patrimonio del deudor. El objetivo es obtener el mayor valor de él y poder pagar la mayor cantidad de créditos posible.

¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo principal es ofrecer la oportunidad de eliminar sus deudas a aquella persona física, particular o autónomo, que probadamente ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está viviendo una mala situación económica.

El administrador concursal es una figura neutral y profesional designada por un juez en el proceso de concurso de acreedores. Su misión principal es velar por la igualdad de trato a todas las partes involucradas y garantizar la máxima recuperación posible de los activos de la empresa insolvente.

Las funciones del administrador concursal, recogidas en la Ley Concursal, son principalmente dos: conseguir saldar la deuda de la empresa con sus acreedores y asegurar su funcionamiento y continuidad.

Durante la fase de convenio, la administración concursal tendrá derecho a cobrar un 10 % de la cuantía anterior por cada mes de duración del proceso. Idéntica cantidad cobrará durante los primeros seis meses de la fase de liquidación, descendiendo al 5 % a partir del sexto mes.

Quién puede solicitar el concurso:

El deudor, Los acreedores, Y, en el supuesto de que un procedimiento de segunda oportunidad no se llegue a un acuerdo extrajudicial de pagos o se incumpla por el deudor persona física, el mediador.

En caso de no hacerlo podrán derivarse responsabilidades al administrador, lo cual puede traducirse en calificación culpable, condenando al mismo a cubrir el déficit de la deuda empresarial. – Concurso necesario: Cuando la petición de concurso haya sido presentada por cualquiera de los acreedores.

La fase común se inicia con la solicitud de declaración del concurso de acreedores en el juzgado competente. Si la solicitud es admitida a trámite, se publica en el BOE y se da plazo a los acreedores para que presenten de manera justificada la solicitud de cobro de las deudas pendientes de pago.

Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.

concursal | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. 1. adj. Perteneciente o relativo a los concursos de tipo jurídico o a aquellos en los que hay una competencia u oposición.

Ante la pregunta de qué es la insolvencia en la Ley Concursal, la respuesta la encontramos en el artículo 2.2 de dicha ley. En ese artículo se define el estado de insolvencia como aquel en el que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Si el nombrado no comparece, no tiene seguro de responsabilidad civil o no acepta el cargo, el Juzgado nombrará a otro de la lista. Cuando se rechaza el cargo, no podrá ser nombrado administrador de concursos en los 3 años siguientes.

Pago del FOGASA = Salario día (≤ 2 x SMI día) x días según despido (12/20/30) x año trabajado (≤ Salario anual). Esto quiere decir que si la empresa adeuda por ejemplo una indemnización por despido improcedente (30 días por año de trabajo) que asciende a 40.000€, el FOGASA solo pagará 26.596,8 (2x SMI anual).