¿Que hay que pagar si se pierde un juicio?

Por regla general, cuando una de las dos partes enfrentadas pierde el juicio, debe pagar a la otra el coste de su abogado, procurador, perito, etc. A esto lo llamamos «perder en costas», y ocurre cuando uno de los bandos ha perdido al 100%.

Por tanto, como regla general, quien pierde en el juicio paga las costas judiciales de ambas partes tal y como nos indica el artículo 394 Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante el juez tiene potestad para lo contrario (ya que él tiene la última palabra).

Las Costas Judiciales en general cubren los gastos incurridos en un procedimiento como son honorarios de abogados, procurador y del perito, en caso de ser necesaria y justificada su intervención dentro de un procedimiento judicial.

El Código Penal en su artículo 123, define a los costas procesales como: “Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito”. Asimismo, este gasto se debe hacer una vez que concluya el juicio y entra en el proceso de liquidación de sentencia.

Esto significa que es la parte que pierde el juicio, quien debe pagar las costas. También puede ocurrir que la estimación o desestimación de las pretensiones sea parcial. En ese caso, cada parte tiene que pagar las costas que ha causado en su instancia y las comunes por mitad.

¿Quién las cobra? La respuesta a todas estas preguntas va a depender de si el beneficiario de la justicia gratuita es el condenado a abonar las costas, o si, por el contrario, el beneficiario de la justicia gratuita es quien ha obtenido el pronunciamiento favorable de las costas.

Por ello, cuando decimos que hay "condena en costas" en un juicio, significa que el juez obliga a la parte que ha perdido (y que ha sido condenada) a pagar a la parte a cuyo favor se ha dictado la sentencia favorable, los diferentes costes que pueden originarse en un procedimiento judicial.

Si transcurrido éste no ha pagado las costas, se podrá iniciar contra el deudor la vía de apremio o de ejecución sobre sus bienes.

Si han transcurrido los 20 días de periodo voluntario de pago y no has recibido el dinero, se habrá de presentar una demanda de ejecución forzosa de sentencia ante el mismo tribunal. El juez comenzará el proceso de ejecución y pedirá al condenado que pague.

Enfrentar una condena a pagar cuando no se tiene dinero puede ser una situación estresante y complicada. Sin embargo, existen opciones para afrontar esta situación, como negociar con el acreedor, declararse insolvente o solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

En el juicio por delito leve de lesiones no hay condena en costas, porque el abogado y el procurador no son obligatorios. Es decir, quien desee acudir a este juicio con abogado, tendrá que pagarlo de su bolsillo.

En la sentencia judicial aparecerá el medio de pago adecuado para llevar a cabo el pago. Lo más habitual es hacerlo mediante consigna en el juzgado. El procedimiento es simple. El deudor realiza una transferencia bancaria a la cuenta que le proporcionen en dicho juzgado.

En la práctica habitual, lo normal será que el orden que se haya de cumplir sea, primero pago de la responsabilidad civil, segundo pago de las costas de la acusación particular, si la hubiera, y tercero el pago de la multa.

En todo caso, el mismo Estado es el que debería hacerse cargo de las costas que el beneficiario de la franquicia no puede satisfacer frente al legítimo reclamo de honorarios de profesionales y peritos, quedando en situación de acreedor respecto de la persona que obtuvo el beneficio de litigar.

De modo que las «costas por su orden» implica que cada parte deberá pagar los gastos en los que incurrió por su propia actuación, más la mitad de los gastos comunes (como la tasa de justicia); y, en principio, salvo que el juez diga lo contrario, el vencido no deberá abonar los gastos incurridos por el vencedor, ...

Los pagos de Tasa de Justicia, Aranceles (estampillas) y Bonos se deben efectuar a través de la plataforma del Sistema de Pagos Judiciales.

La Ley establece un plazo de 20 días hábiles para hacer la notificación de la sentencia, estos son contados a partir de la resolución del juez. Pero realmente el tiempo de notificación depende mucho del juzgado que emite la resolución.

El simple hecho de ganar su demanda no garantiza el cobro. Es por eso que puede ser crucial, incluso antes de comenzar su litigio, revisar la posibilidad de cobro del acusado. Es posible que tenga un caso ganador; sin embargo, ganar no significa que le pagarán.

No, en España no se puede ir a prisión por no pagar una deuda, ya que el impago de deudas no es delito en este país. Ello salvo ciertas excepciones que veremos a continuación. Por lo demás, en España solo constituyen delito aquellas conductas que recoge como tales el Código Penal.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

Pagar la deuda.

Para ello dispone de 20 días hábiles desde la notificación por parte del juzgado.

Las lesiones leves

El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. 3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

Es habitual que, aunque la legislación establezca 20 días naturales, el plazo se prolongue un día más hasta las 15:00 horas.

Esta suspensión se concederá por una sola vez, señalándose nuevamente dentro de los diez días siguientes y, excepcionalmente y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, podrá acordarse una segunda.

De media, los honorarios del letrado, por ejemplo en casos de solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, suelen ir de los 600€ en adelante por procedimientos por el impago de pensiones o desde 900€ por procedimientos relacionados con el incumplimiento de otras obligaciones (por ejemplo, el régimen de visitas).

Según este documento, la responsabilidad principal recae en el conductor del vehículo en el momento en que se comete una infracción de tránsito.