¿Qué nos dice el artículo 70?

Artículo 70. ... El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, y determinará las bases de los procedimientos que le correspondan al Congreso, a cada una de sus Cámaras y a la Comisión Permanente.

A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

70 CE establece el control judicial de las actas y credenciales de los parlamentarios de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral.

No es un privilegio personal de los parlamentarios, sino que garantiza que un diputado o senador pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política. Es una garantía de independencia e integridad de las Cortes Generales.

Artículo 70.

La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: A los componentes del Tribunal Constitucional.

El artículo 71 constitucional, mismo que no ha sufrido reforma alguna desde su aprobación en 1917, se refiere al procedimiento legislativo, específicamente a una de sus etapas: la iniciativa, a través de la cual se comienza el procedimiento de formación o creación de leyes o decretos.

ARTICULO 71.

Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna.

El artículo 62.1) de nuestra Constitución de 1978 dispone que le corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

DEFINICIÓN DE DERECHO DE GRACIA:

Éste puede definirse como la potestad de unos órganos en cuya virtud pueden beneficiar discrecionalmente a los individuos respecto de las consecuencias desfavorables que les acarrea la aplicación de las normas.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.

La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria.

La inmunidad es una garantía procesal de impedimento, que sus- pende durante un tiempo -en tanto el parlamentario ostente condición de tal- la aplicación de ciertas normas del ordenamiento jurídico. La inviolabilidad es una garantía sustantiva, que anula la aplicación de ciertas normas de plano y sin plazo.

La inviolabilidad es una prerrogativa parlamentaria que, a diferencia de otras, tiene un ámbito temporal no limitado. La imposibilidad de perseguir a quienes están protegidos por la inviolabilidad es perpetua. Ni durante ni después de su mandato cabe acción alguna que violente esta prerrogativa.

El Consejo de Ministros extraordinario, a propuesta del presidente del Gobierno y previa deliberación, ha aprobado el real decreto que disuelve las Cortes elegidas el día 10 de noviembre de 2019 y por el que se convocan elecciones a ambas Cámaras, que se celebrarán el domingo 23 de julio de 2023.

Impedimento o prohibición legal para ejercer una función determinada, para ejercer dos o más cargos a la vez, o para acceder a un cargo público representativo.

Para obtener una mayoría absoluta, es necesario contar con la mitad de los escaños más uno.

El proceso legislativo, dentro del Marco Constitucional, se encuentra regulado básicamente por los artículos 71 y 72, el primero versa sobre quiénes están facultados para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión y el artículo 72 señala los principales procedimientos.

Luego el artículo 72 reafirma este concepto al decir que los bienes de patrimonio arqueológico y "otros bienes que conforman la identidad nacional" pertenecen a la Nación, y confirma su particular carácter de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

De acuerdo al artículo 77 del Código de Trabajo, son algunas causas justas de despido: Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.

74. - Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: I. - Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a la elección de Presidente de la República.

1 ARTÍCULO 73: Libertad de educación y asistencia económica estatal: La familia es la fuente de la Educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. El estado podrá subvencionar a los centros educativos privados y gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia.

El Estado protegerá a las familias en su pluralidad, sin discriminación alguna, de los y las integrantes que la conforman con independencia de origen o tipo de relaciones familiares. En consecuencia el Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad de las familias.

Artículo. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

tr. Perdonar a alguien total o parcialmente la pena que tiene impuesta, o conmutarla por otra menos grave.

El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. El indulto puede ser total o parcial.

titulo.: ¿Qué significa Prerrogativa real de gracia ? Es una atribución del Rey en relación con la Administración de Justicia que se manifiesta mediante el indulto, es decir mediante la exención total o parcial del cumplimiento de la condena impuesta a un reo.

La ley de 18 de junio de 1870 reconoce el indulto como un derecho de gracia que tienen todos reos en España tras ser condenados por setencia firme y que no sean reincidentes en el mismo delito. Su aprobación corresponde al Rey previa tramitación desde el Ministerio de Justicia.