¿Que ocurrirá si ha transcurrido el plazo máximo para resolver y no se ha notificado resolución expresa?

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso será de 3 meses. Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución del procedimiento, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo. Dicho plazo podrá interrumpirse como consecuencia de la solicitud de informes preceptivos o de la práctica de un periodo extraordinario de prueba.

Obligación de resolución expresa

– El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes desde su interposición.

Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.

Efectos del vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución expresa: transcurrido el plazo sin que se hubiese ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora sobre la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.

Ahora bien; la notificación practicada fuera del plazo no será inválida, sino que producirá todos sus efectos, según el artículo 49 de la propia Ley de Procedimiento, si bien podrá dar lugar el retraso a «la responsabilidad del funcionario causante».

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

o Rechazadas por transcurso de plazo: significa que el usuario no ha abierto la notificación y se ha caducado, y se ha generado el certificado de acuse correspondiente.

Los plazos comienzan a correr el día hábil siguiente al de la notificación (art. 156 CPCC), sea esta electrónica o física. O sea, el día de nota siguiente se computa -en lo electrónico- a los efectos de que se produzca la notificación pero, una vez operada la misma, los plazos se computan normalmente.

La figura de la caducidad administrativa obliga que los procedimientos administrativos sancionadores duren un tiempo determinado, en el caso contrario, el procedimiento en cuestión deberá ser archivado. La caducidad tiene como fundamento el derecho a ser investigado y procesado dentro de un plazo razonable.

Esto implica, como hemos avanzado, que estando los procedimientos sancionadores entre los comprendidos bajo el referido artículo 43.3,la caducidad del procedimiento acarrea la nulidad de una sanción impuesta tras concluir el plazo previsto para el procedimiento establecido.»

Normalmente la respuesta deberá darse dentro de 10 días hábiles. La excepción en la extensión del plazo por razones justificadas.

Existen dos formas de silencio administrativo: Silencio administrativo positivo: produce efectos beneficiosos para los interesados. Silencio administrativo negativo: produce efectos negativos en los interesados.

¿Qué es el silencio administrativo y qué implica? Se considera que se ha producido un silencio administrativo de la Seguridad Social cuando no se comunica una resolución (es decir, una respuesta) a una determinada gestión administrativa que precisa ser resuelta, en el tiempo máximo que la ley dispone para ello.

El silencio administrativo puede ser negativo o positivo. El primero se produce cuando transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición, no se notifica decisión que la resuelva (art. 40 C.C.A.); el segundo opera solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales (art.

Un procedimiento sancionador en materia tributaria debe concluir en un plazo de 6 meses, a contar desde la fecha en la que se notifica el inicio del mismo. La finalización del mismo se produce cuando se realiza el acto administrativo de resolución.

Centrándonos en lo establecido en el artículo 104.1 de la LGT, que impone la obligación a la Administración de resolver en el plazo máximo fijado reglamentariamente para cada tributo, que nunca podrá superar los seis meses.

Lapso de tiempo en el cual debe ser necesariamente notificada la resolución de los procedimientos económico-administrativos que, con carácter general, no puede ser superior a un año desde la interposición de la reclamación económico-administrativa.

Al procedimiento administrativo común se le conoce de forma impropia como el procedimiento ordinario o general. Este procedimiento administrativo se resuelve ante órganos administrativos, y se encuentran sujeto al control jurisdiccional del Poder Judicial mediante el recurso contencioso-administrativo.

Podemos mencionar que el plazo general en el cual el particular deberá interponer el recurso de revocación es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución que pretende impugnar.

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y ...

Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo de resolución: Tres meses. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.