¿Qué pasa cuando se entra en concurso de acreedores?

Mediante un concurso de acreedores, se intenta que el deudor que se declara insolvente afronte el máximo número de sus deudas. Normalmente, suelen ser varias empresas o personas a las que el declarado en concurso debe dinero, por lo que lo más común es que pagar todas las deudas en su totalidad sea imposible.

Es importante destacar que la presentación del concurso de acreedores en España tiene consecuencias importantes para la empresa, como la suspensión de los pagos corrientes, la imposibilidad de realizar operaciones sin autorización judicial, y la posible disolución de la sociedad.

Dada la complejidad del proceso, el tiempo que se tarda en resolver el concurso de acreedores dependerá de la situación financiera de la empresa y la cantidad de acreedores involucrados, entre otros. Por lo general, el concurso de acreedores tiene una duración de entre 6 meses y dos años.

La declaración del concurso no exime a la empresa de abonar sus deudas, y por tanto la empresa tiene que pagar a los trabajadores las cantidades que deba.

Como se ha indicado, los trabajadores, como otros acreedores, cobrarán una vez efectuada la liquidación del concurso de acreedores a partir de los fondos y bienes del patrimonio del deudor (masa activa), si los hay y son suficientes. Los pagos se realizarán en el mismo procedimiento.

El plazo de prescripción para una deuda por el impago de cualquier tipo de suministros (agua, luz, teléfono, etc.) es de 3 años.

Los principales efectos de la apertura de la fase de liquidación del concurso son: Si el concursado fuese persona natural se extinguirá su derecho a alimentos con cargo a la masa, salvo que ello le resultare imprescindible y se suspenderán sus facultades de administración de su patrimonio.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los que cobran primero son los créditos de la llamada antimasa. Luego por este estricto orden cobrarían los acreedores garantizados o hipotecados, es decir, los bancos.

Un concurso de acreedores es un proceso legal en el que una empresa que se encuentra en dificultades financieras solicita a la justicia la protección contra sus acreedores, con el objetivo de garantizar su continuidad y solventar sus deudas.

Concurso voluntario: es el concurso en el cual la solicitud ,para que sea iniciado, la presenta el propio deudor. Concurso consecutivo: se da en la Ley de la Segunda Oportunidad cuando no ha sido posible un acuerdo extrajudicial de pagos o bien ha habido algún incumplimiento del mismo.

Las únicas excepciones que la Ley contempla, (Art. 1.3 L.C.), las cuales no podrán ser declaradas en concurso son: las entidades que integren la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Declaración del concurso de acreedores

Podrán solicitar que se declare el concurso: El propio empresario en un plazo de 2 meses desde que conozca su insolvencia. Este concurso se denomina concurso voluntario, y, si el empresario no lo solicita, puede enfrentarse a la declaración de concurso culpable.

El administrador concursal es un profesional nombrado por el juez que supervisa el concurso de acreedores. Su función principal es estudiar la situación de la empresa concursada y gestionarla en beneficio de todas las partes.

El artículo indica que el plazo máximo para que el FOGASA resuelva "será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud".

Puede accederse al mismo a través de internet (https://www.publicdadconcursal.es/concursal-web/afectado/buscar). A través de este Portal se pone a disposición de los acreedores las diferentes resoluciones procesales, concursales y/o acuerdos extrajudiciales ordenados por fecha de publicación.

En este caso, la forma de calcular la cuantía a pagar por el FOGASA será la siguiente: SMI diario multiplicado por 2, con el prorrateo de las pagas extras, con un límite máximo de 120 días.

La prescripción no se aplica sobre cualquier tipo de deuda. Según el artículo 1965 del Código Civil, no prescriben las siguientes acciones: división de la herencia entre coherederos, división de la cosa común entre comuneros, de deslinde entre propiedades contiguas, elevar a escritura pública un documento privado.

Según establece el Código Civil, las deudas prescriben a los 5 años. Aunque, existen una serie de condiciones y excepciones. En general, depende del tipo de préstamo solicitado, la cantidad y si es una deuda bancaria u otro tipo.

La mayoría de los plazos de prescripción son de entre tres a seis años, aunque en algunas jurisdicciones podrían extenderse durante más tiempo, dependiendo del tipo de deuda que tenga. Los plazos de prescripción podrían variar dependiendo de: El tipo de deuda. El estado donde resida.

La retribución de los administradores concursales corre a cargo de los acreedores, y se encuentra regulada por la ley. Para determinar su importe, se tiene en cuenta el pasivo y el activo del deudor y la complejidad estimada del proceso.

La fase común se inicia con la solicitud de declaración del concurso de acreedores en el juzgado competente. Si la solicitud es admitida a trámite, se publica en el BOE y se da plazo a los acreedores para que presenten de manera justificada la solicitud de cobro de las deudas pendientes de pago.

En esencia, una empresa entra en concurso de acreedores cuando ya no puede hacer frente a sus deudas y los activos que posee ya no son suficientes para pagar, como dice el nombre, a sus acreedores.

En resumen, el Procedimiento Concursal finaliza cuando se ha cumplido el convenio acordado con los acreedores, el administrador concursal ha concluido la liquidación del patrimonio del deudor y ha distribuido los activos entre los acreedores, o cuando no hay activos para satisfacer a los acreedores.

En primer lugar, se le declara insolvente tras averiguar sus bienes, quedando la deuda parada en espera de la llegada de mejor fortuna (una inyección como un premio de lotería, por ejemplo). En segundo lugar, después de también averiguar sus bienes, estos quedan embargados y con ello se paga al acreedor.

Tal y como establece la Ley Concursal, existen tres modalidades de concurso: el ordinario, el de especial trascendencia y el abreviado.

En cualquier caso, los honorarios de abogado y procurador en un concurso de acreedores suelen oscilar entre los 3.000 y los 5.000 €. La cifra puede parecer elevada. Pero debemos considerar que la tramitación del concurso de acreedores se puede alargar durante más de un año.

Definición. Persona física o jurídica declarada legalmente en concurso de acreedores.