¿Qué pasa cuando una autoridad no cumple con su función?

destitución, inhabilitación y sanción económica.

Son faltas administrativas los actos u omisiones realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que contravengan con las disposiciones legales.

La sanción en este caso, es una multa de 1 a 3 meses, o sea desde 60 a 36.000 euros. 2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

“Art. 109. – La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos doce mil ($12.000. -) a pesos ciento veinte mil ($120.000.

"Existe delito de resistencia a la autoridad cuando la persona, valiéndose de medios violentos, se opone a la acción directa del funcionario para hacerle cumplir algo; y si un tercero ayuda a esa resistencia incurre en la responsabilidad de la coparticipación en el mismo delito."

Actualmente el artículo 368 del Código Penal Federal indica que es equiparable al delito de robo, el uso o aprovechamiento de la energía eléctrica sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos.

“Son reos de atentado contra la autoridad los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.”

Es la falta administrativa que comete el servidor público responsable de la investigación, sustanciación y resolución de una falta administrativa, el cual realice conductas que van encaminadas obstaculizar o impedir la atención del caso y la impartición de justicia .

Ocurre cuando una autoridad pública se abstiene de actuar, cuando por ley está obligado a hacerlo, afectando los intereses de una persona o de un grupo. Ejemplo: «La ausencia de respuesta a la solicitud de un servicio públicos constituye una omisión administrativa«.

Si esa persona no lo cumple dentro de las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior de aquella, para que haga cumplir el fallo y se inicie un proceso disciplinario.

La norma indica que ante el incumplimiento de la orden de un juez de tutela, se incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.

La desobediencia se considera como delito cuando las autoridades o funcionarios se nieguen abiertamente a cumplir las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes que se dicten por la autoridad superior.

En los delitos contra el honor, el perjudicado debe interponer una querella en el Juzgado contra la persona que le haya calumniado o injuriado. Los delitos contra el honor no se pueden denunciar en la Policía ni en la Guardia Civil en España (a menos que se haya ofendido a un funcionario, autoridad o agente).

ARTICULO 183 del Código Penal. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Son aquellos delitos que afectan la dignidad o reputación de una persona o de una institución. Son importantes porque buscan proteger la imagen privada y pública de las personas u organizaciones frente a cualquier acto o gesto que busque disminuirlos o afectar su honor.

Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

De manera concreta para que se configurara el delito de resistencia se requería que la conducta del sujeto activo estuviera destinada a impedir u obstaculizar la actividad legítima que estaba siendo ya desplegada por un funcionario público, tratando con ello de obstaculizar o evitar la consecución de dicho acto.

“El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de estas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.”

El delito de Desobediencia a la Autoridad se consuma en el momento en que se omite cumplir la orden dentro del término establecido.

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa (Código Penal. Decreto legislativo N°635, 2021).

Comete el delito de infanticidio quien prive de la vida a un menor cuando se trate de casos relacionados con la delincuencia organizada, ejecuciones o venganzas en contra de sus padres, familiares o de cualquier persona.

Habrá abuso de autoridad únicamente si se comprueba que el sujeto activo, es decir, quien lleva a cabo el hecho punible, es una autoridad o funcionario público. Además, será necesario también que dicho individuo se aprovechara de las ventajas que le diera ese cargo para cometer un delito.

Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Que el Art. 178 de la Constitución de la República, manifiesta que: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”; Que el numeral 14 de la Sentencia Interpretativa N°.

Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

¿Qué es una infracción administrativa? Podemos definir las infracciones administrativas como aquellos comportamientos, contrarios al ordenamiento jurídico, para los que las leyes prevén algún tipo de sanción no privativa de libertad.