¿Qué pasa cuando una empresa se declara insolvente?

- Cuando se produce la Insolvencia legal de una empresa: El trabajador afectado deberá iniciar un procedimiento judicial para reclamar su deuda. Una vez judicializado el asunto, se inicia el proceso de embargo de la empresa para cubrir los salarios debidos a sus trabajadores.

Debes saber que el FOGASA se hará cargo de pagar los salarios o indemnizaciones impagadas por la empresa, hasta un límite máximo. Para establecer ese límite se tiene en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en el momento de la insolvencia o concurso de acreedores.

La situación de insolvencia de una empresa, la obliga a declarar la suspensión de pagos, donde la empresa avisa a sus acreedores que no puede pagar sus deudas por falta de liquidez y toma las medidas para resolver sus obligaciones poco a poco.

La insolvencia empresarial en España se refiere a la situación en la que una empresa es incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras y tiene dificultades para pagar sus deudas. Con un aumento en el número de créditos impagados en los últimos años, este tema ha ganado relevancia en el ámbito empresarial.

Puede deberse a cambios en el mercado, situaciones generalizadas de crisis económica, decisiones políticas o coyunturas negativas, todas ellos factores externos más difíciles de prever.

En los casos de indemnización por despido improcedente, FOGASA cubre la indemnización con el límite de 30 días de indemnización por año de servicio, y con el límite de una anualidad y con una base diaria limitada al doble del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Quien se declara en insolvencia no puede hacer uso de su libre albedrío para manejar los bienes o propiedades que tenga. De hecho, por ley, se asignará a un Administrador Concursal, que será el encargado de decidir el futuro de estos.

¿Cuánto tiempo puede durar un trámite de insolvencia? Este procedimiento tiene una duración de 60 días contados a partir de la aceptación de la solicitud, término que podrá ser prorrogado por 30 días más, a solicitud del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias.

Para revertir tal incapacidad usted debe primero asegurar su solvencia económica, pagar todas las deudas que tenga pendientes y luego solicitar judicialmente que sea cambiado tal estado.

En España tanto las personas físicas como jurídicas pueden declararse insolventes, siempre y cuando aporten la documentación necesaria que compruebe que con su situación actual se les hace imposible cubrir todas sus deudas.

Para declararse insolvente el deudor deberá haber incumplido sus obligaciones de pago con dos o más acreedores, durante un periodo de más de 90 días.

Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de tales diligencias, el órgano judicial dictará auto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados.

Cómo cobrar una deuda a una persona insolvente

El estado de insolvencia se manifiesta por incumplimientos u otros hechos exteriores, los cuales demuestran que el deudor no está ya en condición de satisfacer regularmente las propias obligaciones...".

El estado de insolvencia se manifiesta por uno o más incumplimientos u otros hechos exteriores que a criterio del juez demuestren la impotencia patrimonial para cumplir regularmente las deudas a su vencimiento, sin consideración al carácter de las mismas.

El delito de insolvencia punible se da cuando un deudor, es decir, una persona, física o jurídica, que tiene obligación de pagar una deuda acordada voluntariamente con un acreedor, provoca desajustes en sus bienes para justificar que no tiene patrimonio suficiente para poder responder a la deuda o crédito.

La cantidad máxima a abonar por FOGASA es el que resulta de multiplicar el doble del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendiente de pago, con un máximo de 120 días.

Nunca puede negarse el pago de la prestación correspondiente. Por lo que, como regla general, la resolución sobre la solicitud debe producirse antes de tres meses y el pago, una vez dictada dicha resolución no debería demorarse más allá de los treinta días.

En España, la ley establece que todos los trabajadores que hayan sido despedidos por cierre de la empresa tienen derecho a una indemnización. Esta compensación económica será de un mínimo de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.

Aquí hay algunos de los principales desventajas de declararse insolvente:

Ventajas de declararse insolvente

Aunque pueda parecer una situación indeseable, declararse insolvente puede ser la mejor salida a muchas situaciones insostenibles a nivel personal y empresarial. Para empezar, acogerse bajo esta figura hace que se pueda proteger, en cierta medida, el patrimonio presente y futuro.

Para acogerse a la Ley de insolvencia económica, las personas podrán acudir a cualquier centro de conciliación del lugar de domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho o ante cualquier notaría del domicilio de deudor.

Si un deudor se declara insolvente, se paraliza automáticamente el pago de todos los intereses y de las reclamaciones que han realizado los acreedores asociados a las deudas.

La Ley de la Segunda Oportunidad o LSO es un mecanismo legal que tiene como objetivo que particulares y autónomos, en situación de insolvencia, puedan cancelar hasta el 100% de sus deudas privadas, de forma legal y definitiva.

La Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar hasta el 100% de las deudas pendientes, siempre que se cumpla con los requisitos para acogerse. Es necesario tener deudas (aunque estén al corriente de pago) con al menos dos acreedores diferentes: entidades financieras, proveedores, Hacienda, Seguridad Social, etc.

Esta situación de insolvencia significa que la empresa, o bien no puede actualmente hacer frente a sus obligaciones, o se prevé que no podrá hacerlo en los próximos meses. Todo ello deja a los trabajadores en una situación de incerteza sobre lo que sucederá con sus puestos de trabajo.

Por el contrario, hablamos de insolvencia definitiva o quiebra cuando la empresa no tiene activos propios suficientes para afrontar sus pagos, no solo a corto plazo, sino también a plazo medio y largo. En este caso se verá en la contabilidad que el neto patrimonial es insuficiente o, incluso, negativo.