¿Qué pasa si caduca un procedimiento administrativo?

Si se produce la caducidad del procedimiento, la resolución tiene que declarar la circunstancia que concurra en el caso, indicando los hechos producidos y las normas de aplicación. Así lo establece el artículo 21.1 de la LPACAP.

La caducidad en el procedimiento administrativo es considerada como una forma anormal de terminación del procedimiento junto con el desistimiento, la renuncia y la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas.

La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda, y, en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco.

De acuerdo con esta figura, los actos administrativos pierden obligatoriedad y no pueden ser ejecutados cuando desaparecen sus fundamentos de hecho y de derecho (por ejemplo, cuando se deroga expresa o tácitamente una ley en que se fundó el acto administrativo), entre otras circunstancias.

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso será de 3 meses. Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Respecto del plazo para la ejecución de los actos administrativos hoy día parece pacífico el criterio de los 15 años para su ejecución como plazo de prescripción.

La caducidad es un modo anormal de terminación del proceso, que se produce cuando el mismo se ha paralizado durante cierto tiempo, debido a que las partes no realizan actos procesales. El juez puede declararla de oficio o a petición de parte interesada, sin extinguir el derecho sustancial ni la acción correspondiente.

La caducidad, contemplada en el artículo 95 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se refiere a la terminación del procedimiento administrativo por haber vencido el plazo máximo fijado legalmente sin que el órgano administrativo competente haya podido dictar una ...

Un alimento caducado

Nada que ver con la fecha de consumo preferente, que señala en qué momento el producto puede perder parte de sus cualidades organolépticas (olor, sabor o textura), aunque ello no suponga un riesgo para la salud.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.

El artículo 43º del TUO establece que, «Son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano incompetente; contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico; dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la ley.»

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

La norma general que establece el artículo 24 es que el silencio es positivo y será negativo cuando una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea o un derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

La prescripción es la consolidación o extinción de un derecho, como causa del paso o transcurso del tiempo. Este concepto suele tener un carácter subjetivo. Por otro lado, la caducidad suele referirse al límite temporal para poder exigir ciertos derechos y acciones legales.

La caducidad puede tener un origen legal o convencional. La caducidad señala un término fijo para la duración de un derecho, más allá del cual no podrá ser ejercitado por parte de su titular. El plazo de caducidad no podrá interrumpirse por ninguna actuación del titular.

La caducidad, en Derecho, es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente.

Si la fecha de consumo preferente solo indica el mes y el año, el producto se puede consumir justo 18 meses después de la fecha. Por ejemplo: si lees «Consumir preferentemente antes del fin de: 06/2021, se aconseja consumirlo antes del 12/2022, ósea ser: 18 meses después de la fecha indicada.

El lote irá precedido de la letra L, salvo que se distinga claramente de las demás indicaciones de etiquetado. La indicación del lote será fácilmente visible, claramente legible e indeleble.

El procedimiento administrativo, además de por resolución, puede finalizar por desistimiento, renuncia o por la declaración de caducidad del procedimiento.

Entre las personas que pueden solicitar la nulidad, conforme al artículo 1683, figuran todos los que tengan interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

La nulidad tiene su origen en diversas causas, entre las que se pueden men- cionar las siguientes: 1) Ausencia de consentimiento. 2) Incumplimiento en las formalidades del acto jurídico. 3) Ausencia de causa que da origen al acto jurídico.

La jurisprudencia ha determinado que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc (desde entonces), es decir desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo cual la situación jurídica que emana de éste deberá retrotraerse al estado en que se encontraba antes de la expedición.

La falsa motivación se traduce en aquel error de hecho o de derecho que en determinado momento puede afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, en la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal ...

Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.

Obligación de resolución expresa

– El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes desde su interposición.