¿Qué pasa si la Administración no resuelve?

El silencio administrativo positivo. En el supuesto de que la Administración Pública no resuelva expresamente el procedimiento en el plazo legalmente previsto al efecto cuando haya sido iniciado a solicitud del interesado, por regla general se producirá la estimación del mismo por silencio administrativo positivo.

Ante estas circunstancias, las alternativas de las que dispone el ciudadano son las siguientes:

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso será de 3 meses. Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Obligación de resolución expresa

– El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes desde su interposición.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

Existen dos formas de silencio administrativo: Silencio administrativo positivo: produce efectos beneficiosos para los interesados. Silencio administrativo negativo: produce efectos negativos en los interesados.

El silencio administrativo resulta ser una ficción legal que podría definirse como la estimación o desestimación tácita que la ley liga a la asuencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

El silencio administrativo negativo se presenta cuando transcurridos tres meses a partir de la solicitud no se ha notificado decisión alguna al interesado.

Artículo 17. - Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.

Para estos casos o similares, es preciso indicar que, el silencio administrativo negativo se constituye cuando la administración (entidad con funciones públicas), transcurrido el tiempo establecido por la ley, no da respuesta a las solicitudes o recursos que le son formulados.

El artículo 43 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) establece que las notificaciones a través de medios electrónicos, “se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido”.

Lapso de tiempo en el cual debe ser necesariamente notificada la resolución de los procedimientos económico-administrativos que, con carácter general, no puede ser superior a un año desde la interposición de la reclamación económico-administrativa.

El plazo empieza a contar a partir del día siguiente de la puesta a disposición de la notificación, y finaliza el día del vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.

Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución del procedimiento, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo. Dicho plazo podrá interrumpirse como consecuencia de la solicitud de informes preceptivos o de la práctica de un periodo extraordinario de prueba.

199.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos.

Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

El silencio administrativo positivo es la regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si la administración no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido, se presume que la solicitud ha sido aceptada.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de un mes. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender desestimado el recurso y queda abierta la vía contencioso- administrativa.

El recurso contencioso administrativo se presenta cuando se agotan los medios que la Administración ofrece y no se ha tenido éxito en las reclamaciones. Los daños por los que se interpone el recurso, pueden ser ocasionados por acciones o resoluciones de la Administración Pública o por omisión de responsabilidades.

si la administración no contesta la solicitud de comunicación de los motivos en el plazo de un mes que la ley le imparte, se considera qua ha la rechazado y el administrado dispone de un plazo de dos meses para acudir al Tribunal Administrativo.

que la Ley señala, la solicitud o presentación sea aprobada por parte de la Administración (silencio positivo); o por el contrario, si procediere, rechazada (silencio negativo), abriéndose, en este caso, la posibilidad de interponer recursos administrativos.

Como el silencio produce los efectos de acto administrativo, se puede interponer el recurso que corresponda ya sea en vía administrativa (de reposición o de alzada) o en vía judicial (en el orden contencioso administrativo).

El silencio administrativo surge para permitir al administrado el acceso a los recursos administrativos y jurisdiccionales en el caso de que la administración no resuelva el procedimiento del que es parte.

Los envíos deben incluir un segundo intento de entrega a domicilio a una hora distinta del primero. Una vez realizados los dos intentos sin éxito, depositaremos las Notificaciones en lista durante un plazo establecido de 7 días naturales.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En el procedimiento administrativo pueden verse las siguientes fases: Iniciación, Instrucción y Finalización.