¿Qué pasa si la Administración resuelve fuera de plazo?

El silencio administrativo positivo. En el supuesto de que la Administración Pública no resuelva expresamente el procedimiento en el plazo legalmente previsto al efecto cuando haya sido iniciado a solicitud del interesado, por regla general se producirá la estimación del mismo por silencio administrativo positivo.

¿Qué pasa si la Administración no responde dentro del plazo exigido en la norma? Pues bien, para la misma Administración, nada, dado que ésta continúa estando obligada a dar una respuesta.

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso será de 3 meses. Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado por silencio administrativo.

Obligación de resolución expresa

– El artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes desde su interposición.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

El artículo 24 de la LPAC dispone que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda.

Es decir, la Administración no contesta a la petición dentro del plazo, interpretándose esto como un rechazo a la misma. El silencio negativo permite acudir a la vía judicial, en la que sigue estando la carga probatoria de parte de la demandante.

Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.

Tal forma de cómputo se aplica a todos los plazos que establece la Ley de Normas Generales. Así, por ejemplo, de ordinario, los procedimientos administrativos de evaluación previa deben concluir en un lapso de treinta días hábiles (art.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

El silencio administrativo negativo se presenta cuando transcurridos tres meses a partir de la solicitud no se ha notificado decisión alguna al interesado.

Silencio administrativo: Ley 39/2015

Esta normativa establece, en general, que “los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada”.

Las causas que llevan a la nulidad o anulabilidad también son diferentes. La nulidad se produce cuando el acto jurídico incumple con los requisitos esenciales para su validez, mientras que la anulabilidad surge cuando el acto contiene vicios en su formación, como el error, dolo, violencia o intimidación.

Por ejemplo, si recibimos la notificación el lunes día 2 de Marzo, y nos dice que el plazo es de dos meses, el cómputo terminará el día 2 de mayo. Si casualmente el día 2 de mayo es sábado, un día inhábil, entonces el plazo finalizará definitivamente al día hábil siguiente, es decir el lunes.

Lapso de tiempo en el cual debe ser necesariamente notificada la resolución de los procedimientos económico-administrativos que, con carácter general, no puede ser superior a un año desde la interposición de la reclamación económico-administrativa.

40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución del procedimiento, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo. Dicho plazo podrá interrumpirse como consecuencia de la solicitud de informes preceptivos o de la práctica de un periodo extraordinario de prueba.

Como hemos dicho, el silencio produce los efectos de un acto administrativo desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido (art.

El silencio administrativo puede ser negativo o positivo. El primero se produce cuando transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición, no se notifica decisión que la resuelva (art. 40 C.C.A.); el segundo opera solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales (art.

En el caso del silencio administrativo positivo, si la administración no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido, se produce el efecto de otorgamiento de la solicitud. Esto significa que el interesado puede considerar que su solicitud ha sido aceptada y puede ejercer los derechos derivados de ella.

La caducidad en el procedimiento administrativo es considerada como una forma anormal de terminación del procedimiento junto con el desistimiento, la renuncia y la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas.

que la Ley señala, la solicitud o presentación sea aprobada por parte de la Administración (silencio positivo); o por el contrario, si procediere, rechazada (silencio negativo), abriéndose, en este caso, la posibilidad de interponer recursos administrativos.

Para estos casos o similares, es preciso indicar que, el silencio administrativo negativo se constituye cuando la administración (entidad con funciones públicas), transcurrido el tiempo establecido por la ley, no da respuesta a las solicitudes o recursos que le son formulados.

La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.