¿Qué protege el derecho administrativo sancionador?

El Derecho administrativo sancionador se dirige a la tutela de intereses públicos e intereses generales, en este marco, Derecho disciplinario se enfoca a la protección de bienes jurídicos específicos en materia del servicio público del funcionario.

El procedimiento administrativo sancionador es entendido, en primer término, como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción.

los prin- cipios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no solo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)”16.

El derecho administrativo se ocupa de estudiar y regular la vida y conducta del ser jurídico-político-cultural denominado Estado, tanto en su organización y funcionamiento interno como en su interrelación con otras entidades de poder y, sobre todo, con los gobernados/particulares.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) en su título IX regula la potestad sancionadora.

El Derecho administrativo sancionador se dirige a la tutela de intereses públicos e intereses generales, en este marco, Derecho disciplinario se enfoca a la protección de bienes jurídicos específicos en materia del servicio público del funcionario.

Para proteger el interés general, las instituciones públicas cuentan con una serie de potestades de índole sancionadora. Su fin es castigar a quienes incumplen o violan las normas relacionadas con el ámbito de la entidad involucrada.

El procedimiento administrativo sancionador (PAS) inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargos al funcionario investigado, la cual contiene una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracciones administrativas, las normas que tipifican dichos actos y las sanciones que ...

La facultad sancionadora del Estado se ejerce por las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, la facultad sancionadora no es exclusiva de la Administración, porque en las otras funciones existen autoridades que formalmente son Judiciales o Legislativas, pero que materialmente emiten actos de carácter ...

La potestad sancionadora8 es aquella facultad de la Administración Pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrati- va como aquel mal infrigido a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la ...

El Derecho administrativo (del latín ad "junto a", y ministrare, "manejar las cosas comunes") es la rama del Derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la misma y otros sujetos.

El derecho administrativo regula la relación de la Administración pública con los ciudadanos, en sus múltiples facetas: obtener una licencia, una multa de tráfico, el pago de arbitrios, las fiscalizaciones e inspecciones, por ejemplo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-12-1976. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

8 pasos del proceso sancionador especial:

Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

11/12/2021 El procedimiento administrativo sancionador iniciado por la autoridad administrativa de trabajo caducará indefectiblemente y, por ende, se archivará una vez transcurridos nueve meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos.

Para el maestro Goldschmidt el derecho penal está destinado a proteger las esferas humanas de voluntad y en el derecho administrativo la promoción del bien público y estatal; en ese sentido, esta distinción lleva a establecer diferencias entre ambas desde la separación que existe entre justicia y administración 7.

«Son interesados en el procedimiento, además de los inculpados, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos» ( LPSPV, art. 30 ).

Primeramente, la potestad sancionadora es una facultad de la Administración Pública para imponer sanciones derivadas de transgresiones a la ley.

El ejercicio de la competencia sancionadora corresponde a los órganos que la tengan atribuida expresamente, ya sea por disposición de rango legal o reglamentario.

Solo son impuestas por la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento sancionador. Necesidad de considerar responsable al sujeto al que se impone la sanción, ya se trate de un acto de negligencia, culpa o en dolo.

El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos.

a) Amonestación. b) Suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, hasta por un año. c) Destitución o Despido. b) Resolución contractual.

Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

La potestad sancionadora de la administración prescribe a los 4 años computados a partir de la comisión de la conducta infractora, conforme establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo que exista norma especial que establezca otro plazo.

Además, las sanciones deben respetar límites adicionales como, por ejemplo, la presunción de inocencia, el hecho de que deben estar tipificadas, la proporcionalidad entre la sanción disciplinaria y la falta cometida, etc. En su caso, se podrá controlar judicialmente si se han respetado esos límites.