¿Qué rango tiene un decreto?

Un decreto es una norma jurídica con rango de reglamento que ha sido aprobada por los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

El Decreto Ley aparece en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español como una norma con rango de ley que únicamente puede ser dictada por el Gobierno (a través de su Consejo de Ministros), que carece del poder legislativo.

Siempre prevalecerá lo que dice una ley por encima de lo que diga un decreto. Cuando el decreto recibe la denominación de real se debe a que el Rey, como Jefe de Estado, lo expide, tal y como se establece en la Constitución Española, en particular, en el artículo 62 f.

Las órdenes ministeriales, tal y como su nombre indica, las dictan los ministros y los consejeros dependiendo de sus competencias delegadas del Gobierno. Se sitúa por debajo del Real Decreto.

La principal diferencia entre ley y decreto radica en su origen, proceso de creación y alcance, las leyes son normas aprobadas por el poder legislativo y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Los decretos son normas emitidas por el poder ejecutivo y tienen un alcance limitado y específico.

Por lo tanto, está en un segundo orden, quedando por detrás del rango de ley y un paso antes de la orden ministerial. De esta forma, el real decreto lo emite el poder ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Por su parte, el decreto ley se aprueba por el parlamento.

La Constitución de 1978

Es la máxima norma del ordenamiento jurídico español y las demás normas se dictan en desarrollo de la misma.

Decreto. Resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el Poder Legislativo. Al interior del Congreso, el decreto contiene un proyecto de ley aprobado por el Pleno de una o de ambas cámaras.

La jerarquía de las normas jurídicas se entiende por el autor como un sistema normativo que comprende un conjunto de normas ordenadas, escalonadas, coherentes, armonizadas y que en principio no admite contradicciones, en donde hay una relación de algunas de ellas de supra y subordinación y en donde unas condicionan la ...

Por su parte, el real decreto ha de ser dictado por el presidente o el Gobierno en pleno, mientras que otro tipo de reglamentos, como la orden ministerial, puede aprobarse por un órgano unipersonal.

El Real Decreto es una norma que tiene carácter reglamentario y está, jerárquicamente, por debajo de la ley. Se lo denomina así porque se expide desde el Estado, siendo el Rey o el Consejo de Ministros quienes lo aprueban con respeto a los principios y valores nacionales.

Según esta norma, los decretos son expedidos por los alcaldes para atender situaciones de carácter general y las resoluciones para referirse a situaciones especiales.

Reglamento: Es una norma con rango inferior a la ley, dictada por la administración en virtud de una competencia propia y suele materializar el desarrollo de una ley. El reglamento puede adoptar diversas formas. Por ejemplo Real decreto, Decreto, Orden ministerial, Ordenanza.

Disposición de naturaleza legislativa, enunciada bajo forma de decreto, dictada por un poder de facto que ha reunido para sí, contra lo previsto en el ordenamiento constitucional, las funciones parlamentarias y ejecutivas y que no van al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

Las disposiciones que el Consejo de Gobierno incorpora mediante decreto-ley tienen una vigencia limitada a treinta días desde su promulgación. Al tratarse de una fuente dictada con necesaria vocación de inmediatez, se ha de esperar que la aprobación, promulgación, publicación y entrada en vigor sean simultáneas.

Resolución. Es un acto procesal emanado por un tribunal, mediante el cual se resuelve una controversia originada entre las partes, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas específicas.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, busca consolidar las bases la Administración Pública mediante políticas y programas que materialicen los postulados del Estado social de derecho y de justicia, de forma de dar mayor eficiencia y eficacia a las políticas sociales de la Revolución.

¿Qué es un decreto delegado? Es el que emite el Presidente o Presidenta cuando una ley del Congreso de la Nación lo autoriza.

Un decreto es una norma jurídica con rango de reglamento que ha sido aprobada por los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

El orden de jerarquía en el Estado es: 1º Decretos; 2º Órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno; 3º Órdenes Ministeriales; 4º Disposiciones de autoridades y órganos inferiores, según el orden de su respectiva jerarquía.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia.

Los decretos se clasifican de acuerdo a su contenido y su relación de conformidad o discordancia con las leyes, de la siguiente manera: Cuando un decreto crea normas jurídicas generales, que se aplican a distintos casos por igual, estamos en presencia de un reglamento.

Un decreto es un documento oficial que emiten las autoridades de gobierno para ordenar, indicar, describir, resolver o establecer acciones y medidas con respecto a un tema de importancia pública.

Por último, formalmente, el Código civil es un decreto legislativo; por tanto, actual- mente, en la jerarquía normativa se halla por debajo de la Constitución y al mismo nivel que las leyes ordinarias. Además, no puede regular materias reservadas a ley orgánica (art. 81 CE).

Las fuentes del Derecho; la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.