¿Qué recurso cabe contra acto firme?

Como su nombre lo indica, el recurso extraordinario de revisión en vía administrativa es un medio de impugnación de carácter excepcional que se interpone contra actos administrativos firmes y que ya no pueden reclamarse a través de los recursos ordinarios de alzada o potestativo de reposición.

Un acto si agota la vía administrativa, puede ser firme. ( la resolución de un recurso de reposición) Un acto es firme porque la ley determina que ha de ser ejecutado, y eso es independiente de si agota o no la vía administrativa.

El acto firme es áquel que no es susceptible de recurso ordinario, por haber transcurrido los plazos para interponerlo o haber sido desestimado. El acto definitivo es áquel que pone fin al procedimiento en la instancia o nivel en que se producen.

No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.”

Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

El recurso contencioso administrativo se presenta cuando se agotan los medios que la Administración ofrece y no se ha tenido éxito en las reclamaciones. Los daños por los que se interpone el recurso, pueden ser ocasionados por acciones o resoluciones de la Administración Pública o por omisión de responsabilidades.

Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

También agotan la vía administrativa las resoluciones que se dicten en los procesos de impugnación, reclamación, conciliación, arbitraje y mediación que sustituyan al recurso de alzada.

En la vía administrativa, existen tres clases de recursos administrativos, a saber: alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

El plazo en el que será factible interponer un recurso extraordinario de revisión quedará abierto durante: Los 4 años siguientes a la fecha de notificación de resolución impugnada, si el acto administrativo en cuestión se hubiera dictado incurriendo en error de hecho.

Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: El que rechace la demanda.

Para controvertir la legalidad de un acto administrativo que afecte la situación jurídica de una persona puede hacerse uso de la acción de nulidad y restablecimiento, creada para atacar dichos actos cuando comprendan efectos de índole particular, o sea, los dictados a destinatarios específicos.

El artículo 123.1 LPAC establece que “los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.

¿Cuál es el plazo del que dispone la Administración para resolver el recurso? El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso es de un mes.

- Los actos presuntos son los que tienen su origen en el silencio de la Administración, tras vencer el plazo de resolución, pudiendo tener efectos negativos o positivos, según se regula en los artículos 24 y 25 de la LPACAP.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los nueve días siguientes, si se tratare de sentencia definitiva o de seis, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimiento si ...

El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, ...

Precio de un recurso contencioso administrativo

El precio de los recursos contencioso administrativos depende del tipo de procedimiento que se vaya a realizar. Por un lado, se pueden imponer unos costes fijos, que serán de 300 euros en el proceso ordinario, y 200 euros si se trata de un proceso abreviado.

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

Sencilla y llanamente, porque lo que ocurrirá si la Administración Pública no dicta la resolución expresa en el plazo legalmente previsto, es que se producirá la caducidad del procedimiento, conllevando en consecuencia, el archivo de las actuaciones.

Diferencias entre recurso de alzada y de reposición

El recurso de alzada se interpone frente a los actos que no ponen fin a la vía administrativa. En cambio, el recurso de reposición únicamente podrá interponerse frente aquellos que sí ponen fin a la vía administrativa.

Las apelaciones son generalmente más complejas que las revisiones administrativas . A diferencia del proceso de revisión administrativa, el proceso de apelación generalmente implica la preparación de declaraciones de testigos, la creación de paquetes de documentos para la audiencia del Tribunal y la prestación de representación legal en el Tribunal.

No son apelables los autos contra los que procede el recurso de revocación; No son apelables los autos contra los que procede el recurso de reposición; No son apelables los autos contra los que procede el recurso de queja; No son apelables los autos contra los que procede el recurso de responsabilidad.

Cuando la Administración Pública dicta un acto contra lo dispuesto en un precepto legal; 2. Cuando la Administración creyó vigente una norma derogada u olvidó la vigente; 3. Cuando la Administración, al interpretar la norma, le dio un contenido distinto al verdadero; 4.

Actuación de la Administración que no es susceptible de enjuiciamiento por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuando el acto administrativo no esté conforme con el interés público o social, o atenten contra él. Cuando con el acto administrativo se cause agravio injustificado a una persona.