¿Que regula el artículo 106 de la Ley 39 2015?

El citado artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contiene las normas esenciales sobre el procedimiento de revisión de actos nulos, que en lo demás se rigen por las disposiciones del título IV de la misma Ley, “De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común”.

Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Como ya hemos puesto de manifiesto, el art. 39.1 LPAC establece “los actos de la Administración serán válidos y producirán efecto desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.

Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

OBLIGATORIEDAD DE TÉRMINOS Y PLAZOS (Artículo 29): Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las AAPP competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La comunicación administrativa es a título de información, poner en conocimiento de los interesados un asunto sin que tengan una implicación. La notificación administrativa tiene una implicación directa del interesado, ha de quedar constancia de que ha recibido dicha notificación.

El artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la práctica de las notificaciones electrónicas.

Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

La ejecutividad hace referencia a la idoneidad del acto para producir inmediatamente los efectos que le son propios. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere a la capacidad del acto de ser llevado a efecto unilateralmente, incluso contra la voluntad de sus destinatarios.

El Registro de documentos está regulado en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ( BOE de 02-10-2015):

Adm. Propiedad de los actos administrativos que implica su capacidad de producir efectos y la obligación de ser acatados por sus destinatarios desde el momento en que se dictan, salvo en los supuestos en que la ley permite la suspensión de su eficacia, pudiendo la propia Administración exigir su ejecución.

Artículo 16.

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Artículo 14

Las personas físicas pueden escoger en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para ejercer sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, a menos que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

La Administración debe responder en plazo de 10 días, o explicar las razones que le impiden responder en término de ley, informando cuándo lo hará.

Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Los requisitos formales de los actos administrativos se regulan en los artículos 34.1 y 36 de la Ley 39/2015 en los que se contienen las condiciones formales de validez: el procedimiento y la forma externa.

De hecho, la doctrina establece que el derecho administrativo debe regirse por el principio de legalidad, de manera que la Administración está obligada a respetar las leyes vigentes en todo momento y no debe desviarse de las mismas. Los tribunales serán los principales encargados de asegurar su cumplimiento.

Al procedimiento administrativo común se le conoce de forma impropia como el procedimiento ordinario o general. Este procedimiento administrativo se resuelve ante órganos administrativos, y se encuentran sujeto al control jurisdiccional del Poder Judicial mediante el recurso contencioso-administrativo.

40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado.

Para ser válidas, las notificaciones administrativas han de dejar constancia de los siguientes aspectos:

Los códigos de procedimientos civiles y comerciales en general prevén distin- tas formas de notificaciones, a saber: por ministerio de ley, tácita, personal o por cé- dula, por telegrama, por edictos y por retiro del expediente.

¿Qué ley regula la entrega de las notificaciones administrativas? En España, la principal norma que regula las notificaciones administrativas es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todo acto que afecte a los interesados en el procedimiento administrativo, ya sea la resolución definitiva, ya sea cualquiera de los actos de trámite, debe serles notificado.