¿Qué resuelve el Tribunal de Justicia?

El Tribunal de Justicia: resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación. El Tribunal General: resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales.

Sentencia. Los Jueces deliberan basándose en un proyecto de sentencia elaborado por el Juez Ponente. Cualquier Juez de la formación que conozca del asunto puede proponer modificaciones. Las decisiones del Tribunal de Justicia se adoptan por mayoría, sin que sea posible formular votos particulares.

El Tribunal de Justicia puede reunirse en Pleno, en Gran Sala (trece Jueces) o en Salas de cinco o tres Jueces.

La regla general es que las sentencias del TJUE tienen efectos retroactivos (4) , pero éste lo puede limitar. Habitualmente el TJUE prevé que las sentencias que dicta no afectarán a aquellos casos en que hubiera una resolución judicial o administrativa firme.

El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son: Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales). Los tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique correctamente, pero a veces los tribunales de distintos países interpretan las normas de distintas maneras.

Pueden interponerse ante el Tribunal de Justicia recursos de casación limitados a las cuestiones de derecho contra las sentencias y autos del Tribunal General. Si el recurso de casación es admisible y está fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General.

En España, un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es el órgano cúspide del poder judicial en las comunidades autónomas. Están integrados en el poder judicial de España, único para todo el Estado. Existen un total de diecisiete. Son los sucesores directos de las Audiencias Territoriales.

El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez por cada Estado miembro (27) que esta asistido por 11 abogados generales. El Tribunal General está compuesto por dos jueces por cada Estado miembro.

Quien puede plantear una cuestión prejudicial? Cualquier organo jurisdiccional de un Estado miembro. La decisión de plantera la cuestión corresponde unicamente al órgano jurisdiccional nacional!

Mientras que el plazo medio de tramitación de las peticiones de decisión prejudicial era de 15 meses en 2016 y de 15,5 meses en 2019, fue aumentando progresivamente hasta los 15,9 meses en 2020, 16,7 meses en 2021 y 17,3 meses en 2022.

La sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, parte integrante de un poder del Estado que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia.

Por lo que respecta al Derecho primario, el Tribunal estableció el principio del efecto directo en la sentencia Van Gend en Loos.

Pueden interponer este recurso los Estados miembros, las instituciones de la Unión o las persona físicas o jurídicas a la que afecte directa e individualmente el acto en cuestión.

Ordinaria: civil, penal, contencioso-administrativa y de lo social. Especial: la militar, tribunales consuetudinarios (como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia) y el tribunal de conflictos jurisdiccionales.

El Tribunal Supremo tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, ...

En nuestro derecho la doble instancia es una garantía procesal. Esta garantía de doble instancia está representada por Cámaras de Apelaciones, en general. La tercera instancia está representada por los Superiores Tribunales y Cortes provinciales. Y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tribunal de justicia (juzgado o corte o simplemente tribunal) es un órgano público cuya finalidad principal es ejercer la jurisdicción, es decir, resolver litigios con eficacia de cosa juzgada, de cumplir otros actos que las leyes que los organizan les puedan atribuir, los cuales forman parte de la jurisdicción ...

Los órganos judiciales en España son: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, las Audiencias Provinciales, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o sólo de Primera Instancia o sólo de Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la ...

De acuerdo a la antigüedad en el ejercicio de funciones

De otra forma, se describe al juez como el miembro del Poder Judicial con menor rango de jerarquía. Posteriormente, para ser magistrado, las personas deben tener al menos cuatro años de experiencia al servicio del sistema judicial como jueces.

Los jueces nacionales cuando han de pronunciarse en un procedimiento, pueden y a veces deben (cuando contra sus resoluciones no quepa recurso interno), dirigirse al TJUE planteando una “cuestión prejudicial” para que éste se pronuncie sobre la interpretación o a la validez de una disposición europea.

Decisión prejudicial. Procedimiento que se utiliza en los casos en que la interpretación o validez del Derecho de la UE está en cuestión, y: cuando un órgano jurisdiccional estime necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo; o. cuando no exista jurisprudencia en el Derecho nacional.

Hablamos de prejudicialidad penal cuando, encontrándonos en un proceso civil, laboral o contencioso-administrativo, para su resolución es necesario que un juez o tribunal se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de un hecho punible y/o la participación en él de determinada persona.

Los Juzgados Centrales

El Juzgado de Menores, tarda unos 9,3 meses, el penal resuelve en unos 10 meses, mientras que el Contencioso- Administrativo lo hace en unos 7 meses.

Por tanto, la obligación de plantear cuestión prejudicial, solo existe cuando la cuestión de este tipo se plantee en un litigio que vaya a ser resuelto por un órgano judicial, cuyas decisiones no vayan a ser susceptibles de ser recurridas, ante otro órgano superior.

El Tribunal General es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales (artículo 267 del TFUE) en las materias determinadas por el Estatuto (artículo 256, apartado 3, del TFUE).

Los hechos probados es, quizá, el apartado fundamental de la redacción de una sentencia. En este punto, el juez o tribunal debe redactar con precisión y claridad, con ausencia de especulación alguna, el relato de lo que este considera que ha sucedido.

Después de que se haya dictado sentencia, las partes pueden presentar solicitudes de corrección, revisión o interpretación de la sentencia. Las partes también pueden solicitar que se ejecute la sentencia si no se han puesto en práctica las medidas que en ella se ordenen.